Bajo los argumentos de equipararse a la Justicia Federal, el Tribunal Superior de Justicia decidió en el último día hábil de 2025 la escala salarial dispuesta para este año que supera ampliamente la expectativa inflacionaria prevista en un 20% anual.
La resolución fue firmada por la presidenta del máximo tribunal de Justicia provincial, Renee Guadalupe Fernández junto a los vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta. Mientras que el vocal Mauricio Mariani no avaló el incremento salarial para magistrados y funcionarios provinciales.
El incremento se estipuló en un 4% mensual desde enero a julio de 2026, teniendo como base del incremento los ingresos correspondientes a diciembre de 2025.
En tanto, desde agosto a octubre de 2026 será del 3% mensual estableciendo como base los salarios a julio de 2026.
La resolución del Tribunal Superior se basa en argumentos de “estricta razonabilidad” dado que los integrantes del Poder Judicial buscan mantener una “política de equiparación gradual y progresiva con los regímenes salariales del orden Federal y de otras provincias argentinas”.
También recordaron la vigencia de la “garantía constitucional de intangibilidad de los sueldos de los magistrados no es un beneficio personal, sino una herramienta para resguardar su función en el equilibrio tripartito de los poderes del Estado”.
La resolución cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación firmada por los entonces cortesanos Ricardo Lorenzetti y Raúl Zaffaroni, subrayando que las remuneraciones judiciales deben reconocer una base igualitaria mínima en todo el país para garantizar la independencia de los jueces.
Al conocerse la medida, el gremio ATE Santa Cruz criticó el incremento que se dispusieron para las autoridades del Poder Judicial y el secretario general Carlos Garzón apuntó con dureza la decisión al sostener que “la falta de sensibilidad social es absoluta. Estos son los verdaderos privilegiados de Santa Cruz de las últimas décadas, un poder que se protege a sí mismo, se autofinancia y se autobeneficia, mientras el resto de la sociedad ajusta, se endeuda y pierde poder adquisitivo”.
“Desde ATE exigimos al Ministerio de Economía y al Poder Ejecutivo Provincial que no autoricen ni ejecuten las partidas presupuestarias destinadas a financiar este salariazo judicial. Los recursos públicos deben tener una prioridad clara, recomponer los salarios de las y los trabajadores estatales, garantizar servicios públicos de calidad y atender las urgencias sociales de la provincia”, indicó el dirigente gremial.
Garzón pidió “a todos los que sectores a repudiar este acto obsceno y no ser cómplices de la casta judicial”. (Agencia OPI Santa Cruz)