El gobierno de Bolivia oficializó este miércoles la declaración de emergencia energética y social en todo el territorio nacional para enfrentar una crisis estructural marcada por la escasez de combustibles, la presión inflacionaria y la falta de divisas. A través del Decreto Supremo 5517 firmado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, el Poder Ejecutivo estableció un régimen de excepción con vigencia de un año que busca garantizar el abastecimiento interno y sostener la actividad económica frente a las restricciones externas que golpean las finanzas del país.
La normativa autoriza de manera extraordinaria la importación y comercialización de derivados del petróleo por parte del sector privado a precio de importación, permitiendo un acceso no discriminatorio a la infraestructura del sector. Esta decisión gubernamental responde al déficit extremo de diésel que afecta a sectores estratégicos como el transporte y la agroindustria, por lo que la medida busca mitigar el impacto en la población mediante la reactivación de la producción y lo que el texto oficial denomina la reconstrucción integral de la economía boliviana.
Para agilizar el flujo de hidrocarburos, el decreto dispone la suspensión temporal del diésel de la lista de sustancias controladas y elimina por doce meses la exigencia de autorización previa ante la Dirección General de Sustancias Controladas. En paralelo, se ordenó el retiro temporal de este insumo del Arancel Aduanero de Importaciones para reducir los cuellos de botella logísticos, instruyendo a la Aduana Nacional y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos a adecuar sus procedimientos en un plazo máximo de cinco días hábiles.
Esta reconfiguración de la política energética ocurre tras la derogación del polémico Decreto Supremo 5503, cuya implementación había desatado protestas sociales y cuestionamientos sobre su constitucionalidad. Con la nueva reglamentación, el Ministerio de Hidrocarburos y Energías deberá normar el acceso a la infraestructura en quince días, en un intento de la administración central por recuperar la estabilidad y devolver la calidad de vida a los ciudadanos en medio de un escenario de incertidumbre financiera. (Agencia OPI Santa Cruz)