(Por: Rubén Lasagno) – En Santa Cruz seguimos sin clases. Por una razón u otra, ya sea por los reclamos gremiales o por la posición irreductible del gobierno provincial que alega falta de fondos y recursos, los chicos en Santa Cruz siguen sin asistir a las escuelas y es un tema que más allá de los problemas actuales y coyunturales, va a impactar gravemente en los años por venir, tanto en la vida de los niños, como en la sociedad futura.
Lo que sucede es una de las paradojas más crueles y recurrentes en la administración pública que consiste en el secuestro del concepto de “el futuro de los chicos” como escudo retórico en una disputa que, en el fondo, es estrictamente política y de asignación de recursos.
Cuando se analiza este ciclo de paros de 48 y 72 horas de ADOSAC y la inercia del gobierno provincial, lo que emerge no es un choque de buenas intenciones mal ejecutadas, sino una estrategia de desgaste mutuo donde el sistema educativo funciona como el daño colateral aceptado.
Ambas partes construyen su relato sobre la misma base moral (los alumnos), pero actúan motivadas por urgencias diferentes; mientras Adosac funda su reclamo salarial con legitimidad en un contexto inflacionario, la metodología del paro sistemático de 2 o 3 días por semana entra en la ley de rendimientos decrecientes porque llega un punto donde el paro deja de ser una herramienta de presión efectiva para el gobierno para convertirse en un generador de fatiga social. Los padres se han hartado y el gremio corre el serio riesgo de aislarse, perdiendo, no solo la fuerza del paro, sino la batalla de la opinión pública como está ocurriendo actualmente.
La inacción del gobierno ante el complejo panorama educativo, no es por negligencia pura (solamente); es un cálculo político. La estrategia clásica de éste gobierno como el anterior es la “administración del conflicto”, eso significa que apuesta al desgaste de la ADOSAC y que la indignación de las familias recaiga sobre los docentes por las aulas cerradas y el Ejecutivo escuda en el argumento de falta de fondos. Lo que las autoridades no parecen observar es que la gente, fundamentalmente, reniega de ellos por la insolvencia moral y práctica administrativa que tienen para resolver estos conflictos.
Cuando analizamos el presupuesto provincial, nos damos cuenta que el problema no es, básicamente, la falta absoluta de fondos, el problema está en las prioridades del gasto, por cuanto es difícil sostener el discurso de la austeridad educativa cuando en paralelo se mantienen estructuras de gasto político intactas, sobredimensionamiento en áreas no esenciales de la administración pública provincial o partidas opacas de servicios, como diariamente lo advertimos. La plata que no va a Educación o Salud, siempre está yendo a otro lado; lo que siempre digo: plata hay, el tema es cómo se gasta.
Este escenario de paros crónicos por parte del sector docente provincial genera un efecto devastador y silencioso en el tejido social santacruceño. Ante la incertidumbre de si habrá clases de una semana a la otra, las familias de clase media que obviamente tienen margen económico, hacen el esfuerzo de migrar a sus hijos al sistema de gestión privada; de esta manera la escuela pública deja de ser el gran igualador social para convertirse en un “depósito” para quienes no tienen otra opción económica. Irónicamente, al desangrar la escuela pública a través del conflicto crónico, se termina fomentando una profunda desigualdad estructural, que es exactamente lo opuesto a lo que ambos sectores (gremios y gobierno) afirman que buscan eliminar.
Pero básicamente nos encontramos con que el conflicto expone la obsolescencia de las herramientas de negociación que se llevan a cabo, por cuanto se sigue operando con la lógica de los años 80, época donde comenzaron a enfrentarse estos dos fenómenos de presión como paro total vs. conciliación obligatoria o descuentos.
Muchos intereses sectoriales poca vocación social
No existen (o no hay voluntad política para implementar) mecanismos que aseguren servicios educativos esenciales, cláusulas gatillo transparentes atadas a ingresos reales de la provincia o auditorías abiertas y ciudadanas sobre el destino exacto de los fondos que justifiquen si el Estado realmente puede o no pagar.
El gobierno provincial no tiene en cuenta a la Educación, pero el sindicato, tampoco. Ambos están inmersos en sus propios intereses y se miran en ombligo, pero usan la excusa de la escuela y la necesidad de tener “los niños en clases” solo como argumento discursivo, cuando en realidad ninguno de los sectores miran más allá de sus propios intereses.
En definitiva, ambos tienen una “parte de la razón” en su punto de partida (salarios dignos vs. equilibrio fiscal), pero ambos pierden la razón en su metodología. El gobierno peca por inacción y falta de reordenamiento de sus propias prioridades de gasto y el gremio peca por aferrarse a una medida de fuerza que, en la repetición constante, destruye el mismo sistema que nutre a sus afiliados.
Por eso digo desde el título que ni a la ADOSAC ni al gobierno le importan los chicos. Ambos son endogámicos, se han transformado en un ecosistema que colisionan entre ellos sistemática y permanentemente, dejando a la sociedad (no solo la educativa) absolutamente afuera y fundamentalmente, a los niños por los que “dicen” proseguir con “sus” luchas; las del gremio por los docentes que ganen un salario digno y enseñen con dignidad y la del gobierno, que hace hincapié en las “posibilidades económicas” de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)