(Por: Francisco Muñoz) – La realidad de Santa Cruz ya no se puede ocultar con anuncios de censos tardíos ni con fotos de funcionarios sonrientes en sus despachos; los números del desastre están a la vista de cualquiera que camine por la Avenida Roca. Desde septiembre de 2025, el comercio provincial ha entrado en una espiral de destrucción que ya se cobró, según registros de Cámaras y Federaciones, al menos 300 comercios formales que bajaron sus persianas definitivamente. En este arranque de 2026, el promedio es aterrador: en Río Gallegos cierra un negocio por día, dejando tras de sí locales vacíos y familias en la calle.
La recesión no es una sensación térmica, es un dato duro que golpea el rostro de la gestión provincial: la actividad económica se desplomó un 8,7% interanual en octubre de 2025, acumulando una baja anual del 1,3% que confirma una recesión sostenida de diez meses. Los rubros de indumentaria, gastronomía y cafeterías son los más castigados, enfrentando una caída en las ventas que oscila, según el sector, entre un 30% y un dramático 57%. El consumo ha retrocedido a niveles de hace tres años, con una caída del 2,5% interanual en diciembre, justo cuando el comercio esperaba el oxígeno de las fiestas que nunca llegó.
Esta parálisis tiene un correlato social inmediato y peligroso. Río Gallegos ostenta hoy el triste récord de tener la tasa de desempleo más alta de la Patagonia, trepando al 10,8%. No es casualidad: la salida de YPF, que implicó la pérdida de 4.000 empleos directos y 5.000 indirectos, sumada al freno total de la obra pública, ha dinamitado el poder adquisitivo de los vecinos. Sin circulante en la calle, el comercio minorista, depende del sueldo del empleado público que tiene su salario bajo la línea de pobreza, simplemente se asfixia.
La salud financiera de las PyMES santacruceñas está en terapia intensiva y los datos del relevamiento de la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) son lapidarios: el 32,6% de las empresas tuvo que despedir personal en el último año y un alarmante 62,8% no pudo afrontar el pago del aguinaldo en tiempo y forma. El comerciante ya no invierte, sobrevive; el 68,6% se ha endeudado solo para pagar impuestos o servicios, o peor aún, ha tenido que vender capital de trabajo, vehículos y propiedades para no quebrar.
Mientras el gobierno de Claudio Vidal anuncia un “Censo Provincial” para “conocer la realidad”, la realidad ya la tienen diagnosticada sus vecinos. Mientras Tierra del Fuego y Chubut reaccionaron —tarde, pero reaccionaron— con alivio fiscal y créditos blandos a través de sus bancos provinciales, aquí la respuesta es burocracia. Nuestros comerciantes enfrentan tasas de interés financiero superiores al 45% anual, lo que complica cualquier financiación bancaria para cubrir el bache de caja.
El tiro de gracia: tarifas y clandestinidad
A este escenario se suma el golpe de gracia de los costos fijos, que se han vuelto insostenibles con incrementos superiores al 500% en energía eléctrica y gas, sumado a alquileres comerciales desregulados y, en muchos casos, dolarizados. La presión tributaria provincial no cede y la distorsión de Ingresos Brutos sigue castigando a los pocos que todavía intentan operar dentro de la ley, mientras el comercio desleal crece al amparo de la falta de controles y la vista gorda de los inspectores.
Se genera así un círculo vicioso alimentado por la propia recesión: muchos de los desempleados, expulsados de sus rubros históricos, terminan elaborando productos en sus casas y ofreciéndolos por redes sociales. No es una elección, es supervivencia ante la imposibilidad de conseguir un trabajo formal; sin embargo, esta dinámica termina compitiendo deslealmente con el comerciante que paga impuestos y alquileres.
La inacción política es quizás lo más grave de este escenario. Hace más de dos meses, la FESC presentó un proyecto de Ley de Emergencia Comercial, Productiva y PyME. La iniciativa duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados, ignorada por legisladores oficialistas y opositores por igual. El presidente de la entidad, Guillermo Polke, ha solicitado audiencia al gobierno en cuatro oportunidades sin recibir respuesta. El silencio es absoluto. Ni el Secretario de Comercio, Paulo Lunzevich, ni la Ministerio de la Producción Nadia Ricci parecen tener la autonomía o la voluntad para sentarse con los que generan empleo genuino.
La propuesta del sector privado es clara y urgente: suspensión por 12 meses de Ingresos Brutos, moratoria de deudas, líneas de crédito a tasa 0% y un freno a los embargos judiciales por 180 días. No piden subsidios, piden tiempo y herramientas para no desaparecer. Si el gobierno sigue creyendo que un censo estadístico es la solución mientras se pierden puestos de trabajo a diario, demostrará que la desconexión con la realidad no es un error de gestión, sino una decisión política de abandonar al sector privado a su suerte.
La ceguera voluntaria
Es incomprensible que, ante un diagnóstico tan claro, la respuesta oficial sea dilatar los tiempos. Cristina Aranda, de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, lo resume con crudeza: “No recuerdo una crisis de esta magnitud“. La dirigente advierte que los índices de inflación oficiales son “una mentira” contrastada con los costos reales que enfrentan los locales cada mañana.
El Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva, reconoce que los comerciantes están “al límite“, haciendo malabares para pagar sueldos según escala, pero sin margen para indemnizaciones. Es un círculo vicioso alimentado por la propia recesión, el comerciante no quiere despedir porque no puede pagar el despido, pero tampoco puede pagar el sueldo porque no vende.
No se puede gobernar solo para la foto con “entidades amigas” mientras el motor económico de las ciudades se apaga. Si no se declara la Emergencia Comercial de inmediato y se toman medidas concretas como las que aplicaron nuestros vecinos patagónicos, el 2026 no será el año de la recuperación, sino el año del cierre definitivo de la clase media comercial de Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)