La Justicia Federal avanza sobre los manejos financieros en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El foco está puesto en la contradicción entre los ingresos declarados y el nivel de vida de sus directivos. La investigación apunta directamente contra Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, por un esquema de gastos que no cierra por ningún lado.
El expediente judicial detalla la realización de 72 viajes al exterior entre 2017 y 2025. Lo llamativo no es solo la frecuencia, sino la modalidad: la mayoría se realizaron en vuelos privados de lujo. El costo estimado de estos traslados supera los US$ 7 millones, una cifra que contrasta violentamente con la realidad de los clubes del interior del país, incluidos los de la Patagonia, que luchan por cubrir sus costos operativos básicos.
Según se desprende de la investigación, el 71 por ciento de los 150 tramos registrados se hicieron en aviones ejecutivos. El costo promedio por vuelo ronda los US$ 150.000. Los destinos más frecuentes incluyen Brasil, España y Estados Unidos, utilizando aeronaves de alta gama como un Gulfstream G450, el mismo modelo usado para viajar al Mundial de Qatar.
La ruta del dinero y las conexiones
La justicia intenta determinar el origen de los fondos. Aquí aparece la figura de Javier Faroni, ex diputado y actual agente recaudador de la AFA. Su empresa, TourProdEnter, está bajo sospecha por presunto lavado de dinero y el desvío de unos US$ 42 millones hacia sociedades fantasmas.
Estas maniobras financieras habrían permitido costear no solo los viajes, sino también una vida de lujos en tierra. La causa que lleva el juez Marcelo Aguinsky investiga una mansión en Pilar valuada en US$ 17 millones.
Los investigadores detectaron que gastos personales, peajes y seguros de autos de alta gama se abonan con tarjetas corporativas de la AFA. Incluso se ordenó la baja de una tarjeta American Express que registraba consumos por 50 millones de pesos mensuales, utilizada por un presunto testaferro.
Federalismo de billetera
Mientras el discurso oficial de la AFA habla de un fútbol federal, la estructura de recaudación muestra otra cara. Se investiga si la firma offshore de Faroni canalizó entre 300 y 400 millones de dólares que no aparecen en los balances oficiales de la institución. Dinero que, en teoría, debería volver al sistema del fútbol.
Ante el avance de las causas impulsadas por la fiscal Cecilia Incardona, la dirigencia busca mudar el domicilio legal de la AFA a la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es eludir el control de la Inspección General de Justicia (IGJ) y buscar un marco legal más favorable, lejos de la fiscalización nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)