(OPI TdF) – La administración del gobernador Gustavo Melella recibió un duro revés político y administrativo. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por el plazo de un año, tras detectar un esquema de desvío de fondos que comprometió la seguridad operativa de la terminal. La medida, firmada por el director ejecutivo nacional Iñaki Arreseygor, expone un vaciamiento sistemático de la “caja” portuaria para tapar agujeros financieros de la provincia.
La “Caja” del Puerto y la Ley 1596
El detonante de la intervención no fue solo la falta de mantenimiento, sino el uso discrecional del superávit portuario. Según la investigación federal, la provincia utilizó la Ley N° 1596 para desviar recursos del puerto hacia el pago de deudas de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).
Los datos son contundentes: mientras la normativa exige reinvertir las ganancias en la propia infraestructura portuaria, la gestión de Melella destinó un 33% del presupuesto a subsidios provinciales, dejando apenas un irrisorio 1,3% para obras y servicios. Esta ecuación derivó en un deterioro acelerado de las instalaciones.
Uno de los puntos más escandalosos del informe de la ANPyN refiere a la falta de transparencia en los registros contables. Ante la exigencia nacional de crear un registro de ingresos y egresos, la administración portuaria local tercerizó esta tarea clave.
Lo grave no es la tercerización en sí, sino el proveedor: la empresa contratada figuraría habilitada para la venta de “paraguas, termos y pelucas”, careciendo de cualquier idoneidad técnica para auditar cuentas públicas de una terminal internacional.
Riesgo Operativo: Un puerto que se cae a pedazos
Las inspecciones técnicas revelaron un escenario de peligro latente para la navegación y la logística:
- Faltante de pilotes en el sitio 3 del muelle.
- Defensas gastadas que no protegen a los buques.
- Problemas estructurales en el tablestacado.
- Deficiencias severas en la carpeta asfáltica.
Estas fallas no solo ponen en riesgo a los trabajadores, sino que motivaron quejas formales de las empresas navieras y denuncias de vaciamiento por parte de los sindicatos locales.
El nuevo esquema de control
A partir de la publicación en el Boletín Oficial, la gestión operativa quedará en manos de Juan Avellaneda (Unión de Personal Superior Ferroviario), bajo supervisión federal. La Prefectura Naval Argentina asistirá directamente en el control de seguridad para garantizar que el puerto siga operando sin riesgos, mientras se sanea la administración.
La intervención federal expone, una vez más, cómo la falta de previsión y el uso de organismos técnicos como “caja política” terminan erosionando la autonomía provincial y poniendo en jaque la principal puerta de entrada logística de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)