La respuesta del Gobierno de Tierra del Fuego no se hizo esperar y elevó la tensión institucional al máximo. Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos (DPP), rechazó de plano la intervención federal anunciada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, calificándola no como una medida de saneamiento, sino como una “extorsión institucional” diseñada para arrebatarle el control de la terminal a la provincia.
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La “Trampa” Jurídica
El argumento central de la defensa provincial se basa en una contradicción técnica dentro de la propia resolución nacional. Según Murcia, el documento ordena la inhabilitación del puerto por falta de seguridad, pero inmediatamente (en su artículo 3) suspende esa misma inhabilitación para “no afectar la operatoria”.
Para el funcionario fueguino, esto desnuda la verdadera intención política: “No se actúa por razones de seguridad o infraestructura, sino que se utiliza la amenaza de inhabilitación como herramienta de presión para justificar una intervención arbitraria“, disparó. La lógica es simple: si el peligro fuera real e inminente, el puerto debería cerrarse; si se permite operar, el peligro no justifica la intervención.
Récords vs. Riesgo Operativo
Mientras Nación habla de muelles sin pilotes y asfalto destruido, la Provincia contrapone cifras de éxito. Murcia aseguró que el puerto opera con “estándares internacionales” y que las navieras más importantes del mundo siguen eligiendo Ushuaia, lo cual se refleja en los récords de recaladas de esta temporada.
“Si hubiera riesgos reales, estas empresas no operarían aquí”, sentenció el titular portuario, intentando desmentir con la actividad comercial las denuncias técnicas sobre la infraestructura.
Judicialización Inminente
El conflicto no quedará en un cruce de comunicados. La Dirección Provincial de Puertos confirmó que iniciará acciones administrativas y jurídicas para frenar el desembarco de los interventores nacionales. La estrategia de la administración Melella será plantear el caso como un avasallamiento a la autonomía provincial y al desarrollo económico fueguino, buscando que la justicia federal ponga un freno a lo que consideran “falsos pretextos técnicos”.
Lo que queda en el aire, sin embargo, es la respuesta a las acusaciones financieras de fondo: el desvío de fondos a la OSEF y las contrataciones dudosas, temas que la defensa técnica de Murcia no abordó en este primer descargo. (Agencia OPI Santa Cruz)
privatización en puerta