El debate sobre el futuro del empleo en Argentina sumó hoy una advertencia contundente desde el sector jurídico y sindical. El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social emitió un comunicado donde califica el proyecto del Gobierno Nacional como un retroceso histórico para los asalariados.
La organización, que agrupa a más de cien entidades de Latinoamérica, sostiene que la iniciativa oficial “nada tiene de moderno“. Según el análisis técnico presentado, la aprobación de la normativa regresaría las condiciones laborales a los estándares del siglo XIX, eliminando conquistas básicas.
Conflictos legales y constitucionales
El documento es tajante al señalar que el texto propuesto no resiste un análisis jurídico serio. Los expertos afirman que el proyecto viola la Constitución Nacional y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En términos simples, esto significa que las nuevas reglas podrían ser declaradas inconstitucionales por ir en contra de los Derechos Humanos básicos que protegen el sustento de las familias.
La presión sobre las provincias
Un punto clave para la Patagonia es el llamado a la acción política. El Foro anunció que exigirá reuniones urgentes con los gobernadores y legisladores nacionales. El objetivo es que los mandatarios provinciales asuman su responsabilidad y eviten que la ley avance en el Congreso.
Esta estrategia pone el foco en los representantes de las provincias, quienes tendrán la llave para aprobar o rechazar una reforma que, según los denunciantes, precarizará el empleo local.
Las voces de la advertencia
Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, fue duro con el diagnóstico. Explicó que la reforma tendrá consecuencias “trágicas” y dejará a los sindicatos “atados de pies y manos” para defender el salario.
Por otro lado, Roberto Pompa, ex juez de la Cámara Nacional de Apelaciones, alertó sobre un peligro institucional. Según el magistrado, se busca eliminar la Justicia Nacional del Trabajo. Esto implica que, si un empleado es despedido o maltratado, tendría menos herramientas legales para reclamar lo que le corresponde.
El Foro, conformado a finales de 2025, adelantó que se mantendrá en estado de alerta permanente y realizará denuncias en organismos internacionales para frenar el avance del proyecto. (Agencia OPI Santa Cruz)