La administración central oficializó este miércoles el traslado de la carga financiera de la infraestructura vial hacia el sector privado y, en última instancia, al bolsillo del usuario. A través de la Resolución 112/2026, el Ejecutivo llamó a licitación pública para entregar la explotación y mantenimiento de 2.500 kilómetros de rutas nacionales, una medida que busca profundizar el recorte de partidas directas del Tesoro hacia la obra pública.
El esquema, presentado bajo la narrativa de la “eficiencia y transparencia“, abarca arterias vitales que atraviesan Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió la iniciativa argumentando que el sistema reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios estatales. Sin embargo, este giro traslada la responsabilidad de la inversión a las concesionarias, quienes compensarán sus costos mediante el cobro de peajes y explotaciones colaterales en las banquinas.
Alcance técnico de la Red Federal de Concesiones
El despliegue de la denominada “Etapa II-B” se fragmenta en cuatro nodos estratégicos que las empresas interesadas deberán gestionar integralmente:
- Tramo Mediterráneo: Una extensión de 672 kilómetros enfocada en el centro productivo.
- Tramo Puntano: Comprende 720 kilómetros de corredores de carga de larga distancia.
- Tramo Portuario Sur: Abarca 637 kilómetros de accesos críticos a terminales exportadoras.
- Tramo Portuario Norte: Suma otros 528 kilómetros vinculados a polos industriales.
Pese a las promesas de modernización, la viabilidad de estas inversiones queda atada a la rentabilidad que los operadores privados logren extraer de las tarifas de peaje. Las ofertas se recibirán en la plataforma CONTRAT.AR hasta el 7 de mayo de 2026, fecha en la que se conocerá qué firmas están dispuestas a asumir el riesgo de gestionar rutas nacionales como la 7, 8, 9, 12 y 33, entre otras.
La apuesta oficial por la inversión privada para eludir el gasto público directo pone fin a una etapa de mantenimiento estatal que, según la mirada de la actual gestión económica, resultaba insostenible para las cuentas fiscales. Resta verificar si la competencia prometida se traduce en una mejora real de la calzada o simplemente en un nuevo costo fijo para el transporte de carga y el usuario particular. (Agencia OPI Santa Cruz)