Ingresó en la Legislatura provincial un proyecto de ley que establece la emergencia comercial, industrial y Pyme en todo el territorio santacruceño hasta el 31 de diciembre de 2026 inclusive. La iniciativa busca frenar el inicio de ejecuciones fiscales y ordenar planes de regularización de deudas con quitas de intereses para los contribuyentes locales.
La medida alcanza a los sujetos que cuenten con certificado MiPymes y revistan la calidad de Contribuyentes Puros o de Convenio Multilateral con domicilio fiscal en la provincia. El texto ordena suspender el inicio de ejecuciones fiscales y la continuidad de las que se encuentren en trámite durante la vigencia de la emergencia. Aquellas causas sin sentencia continuarán hasta el fallo, pero sin actos de ejecución ni embargos.
Plan de pagos y quitas
El artículo 3 del proyecto instruye a la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP), a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), a DISTRIGAS S.E. y a todo órgano de recaudación provincial a implementar planes de regularización bajo condiciones específicas.
Las facilidades estipuladas incluyen:
- Financiación en hasta 60 cuotas mensuales y consecutivas.
- Una tasa de financiación tope del 25% Efectiva Anual.
- La quita de hasta el 100% de las multas y los intereses resarcitorios o por mora sobre el capital adeudado.
- La posibilidad de reformular deudas incluidas en planes vigentes al momento de la sanción de la ley.
Compensación de deudas del Estado
La normativa autoriza al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura a regularizar los pasivos que el Estado Provincial mantenga con las empresas en emergencia. Se habilitan instancias de compensación de deudas o renegociación de las mismas e insta a los municipios a tomar medidas idénticas.
Para el control de la situación, el proyecto crea una comisión de seguimiento que se reunirá mensualmente. Este cuerpo estará integrado por representantes de los ministerios de Economía, Producción y Gobierno, la ASIP, la Secretaría de Comercio, un integrante por cada bloque legislativo y tres designados por las entidades gremiales empresarias.
La declaración de emergencia permitirá gestionar beneficios ante entidades bancarias, como líneas de crédito a tasa diferenciada y diferimientos en vencimientos impositivos nacionales y provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)