La administración de Donald Trump incrementó la presión diplomática sobre México tras el operativo que resultó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense sentenció que el gobierno mexicano debe intensificar sus esfuerzos contra las organizaciones criminales y el tráfico de drogas, vinculando este reclamo a la necesidad de enfrentar a quienes calificó como narcoterroristas. A pesar de la retórica de exigencia, la Casa Blanca, por intermedio de su secretaria de prensa Karoline Leavitt, transmitió un agradecimiento formal al Ejército mexicano por la ejecución de la operación en Tapalpa, Jalisco, confirmando que Estados Unidos proporcionó el apoyo de inteligencia necesario para la localización del objetivo.
El Departamento de Estado, representado por el subsecretario Christopher Landau, calificó el deceso del líder criminal como un avance de escala global, aunque manifestó preocupación por la violenta reacción de los grupos delictivos en territorio mexicano. Landau destacó la labor de las fuerzas de orden público de México y minimizó el impacto del terrorismo criminal como una respuesta previsible que no debe quebrar la calma institucional. No obstante, este reconocimiento convive con la advertencia de Trump sobre el uso de la justicia contra quienes introducen sustancias ilegales en su país, reforzando una línea de política exterior que prioriza la seguridad fronteriza y la persecución de los carteles como una cuestión de supervivencia nacional.
En paralelo a la agenda de seguridad internacional, Trump lanzó una dura ofensiva contra la Corte Suprema de Estados Unidos, cuestionando la legitimidad de sus fallos recientes en materia de comercio y ciudadanía. El presidente alegó que, de manera accidental, el tribunal le otorgó facultades extraordinarias que planea utilizar para imponer medidas punitivas y arancelarias contra naciones extranjeras que, según su visión, han estafado a Estados Unidos durante décadas. Criticó severamente la imposibilidad técnica de cobrar tarifas por licencias internacionales derivada del dictamen judicial y acusó a los magistrados de favorecer los intereses de potencias externas como China, calificando el fallo como estúpido y divisivo para el futuro de la nación.
Esta postura beligerante hacia el máximo tribunal estadounidense marca una estrategia de gestión basada en la confrontación de poderes, donde Trump asegura que utilizará las herramientas legales disponibles de forma más atroz y poderosa para cumplir sus objetivos políticos. El mandatario vinculó el desempeño de la Corte con un perjuicio directo a la soberanía económica, sugiriendo que las decisiones judiciales facilitan que otros países se beneficien de normativas como la ciudadanía por nacimiento. Bajo la premisa de tener un trabajo que hacer, el Ejecutivo estadounidense ratificó su intención de actuar de forma unilateral frente a lo que considera una incompetencia judicial que beneficia a las personas equivocadas. (Agencia OPI Santa Cruz)