El gobierno provincial empezó a vivir el panic politik de su propia impericia. Del “no habrá aumento salarial en 2026” al “no habrá congelamiento salarial” con ADOSAC

(Por: Rubén Lasagno) – El gobierno provincial el 23 de febrero le elevó a la ADOSAC una comunicación formal en la que manifestó su intención de “restablecer el vínculo para una construcción colectiva de la política educativa santacruceña”, con el objetivo de garantizar previsibilidad al sector y asegurar el normal desarrollo del ciclo lectivo y se comprometió a sostener los puestos de trabajo docentes que se encontraban bajo la modalidad de resguardo, garantizar el salario íntegro de marzo para esos trabajadores y revisar durante ese mes las Plantas Orgánicas Funcionales en mesas técnicas junto a los gremios, tal como refiere el documento. Hasta aquí perfecto, es lo que siempre debiera haber sido y en dos años, nunca sucedió.

Habló de establecer un “pacto educativo” y lo más importante, para despejar toda duda, sembrado más duda, le comunicó al gremio docente que “no habrá congelamiento salarial”.

Y esta acción del gobierno provincial es parte del “panic politk” que anuncié en mi columna de 7 de febrero, cuando expliqué que tras los dichos del ministro de Economía Exequiel Verbes de que “No habría aumento salarial el 2026” mintiendo (además) sobre que tal advertencia estaba en el texto del Presupuesto 2026, lo cual fue no era cierto, con el simple objetivo de decirle a los gremios y a la gente “Nosotros ya lo dijimos, el presupuesto fue aprobado y Uds conocían de antemano esta condición de emergencia económico-financiera de la provincia”, sobrevino la única repuesta posible: el enfrentamiento total contra los sindicatos y de ellos los que más desacuerdo tienen con el propio gobierno el sector docente de la ADOSAC.

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Analizar el escenario que atraviesa actualmente el gobierno de Santa Cruz con ADOSAC en febrero de 2026 es un excelente ejercicio de ciencia política aplicada.

Errores que implican debilidad

Cuando una administración provincial anuncia una postura intransigente como un congelamiento de salarios por el resto del año y luego debe retroceder ante la inminencia de un paro, o en este caso el no inicio del ciclo lectivo, incurre en lo que en política pública y negociación se denomina costo de credibilidad y autoridad.

Para el gobierno de Santa Cruz, sostener el congelamiento salarial implicaba enfrentarse a un inicio de ciclo lectivo con paros de 48 horas, aulas vacías y el consecuente malestar de las familias.

Muchas veces, los gobernantes calculan que el costo político de mostrar debilidad frente a un sindicato es menor que el altísimo costo social y electoral de tener la provincia paralizada y las escuelas cerradas. Retroceder, como en este caso, se convierte, entonces, en una decisión pragmática de control de daños.

Llegó hoy lo que era previsible que ocurriera

Los principales costos políticos que asume un gobierno al desdecirse bajo presión sindical, como en este caso, significa pérdida de credibilidad para negociaciones futuras ya que el principal activo de un gobierno al negociar, es que su palabra funcione como un límite real. Al afirmar que “no hay más aumentos” y luego garantizar que “no habrá congelamiento salarial” para evitar el paro, el gobierno enseña a los sindicatos que sus “límites innegociables” son, en realidad, un punto de partida para seguir negociando.

Sin duda sus futuras advertencias perderán peso y serán vistas como un simple posicionamiento táctico. Eso lo advertimos en el primer análisis tras las desafortunado discurso del ministro de economía.

Ahora, sin duda, sobrevendrá el efecto dominó o contagio por cuanto éxito de un sindicato es la hoja de ruta de los demás, aún cuando coo sabemos la ooposición de algunos sindicatos oficialistas difícilmente constituya una preocupación para el Ejecutivo.

Al ceder ante un gremio con alta capacidad de movilización como ADOSAC, el gobierno envía una (mala) señal directa al resto de los trabajadores estatales (como los auxiliares de educación, salud, o administración central). Esto suele desencadenar reclamos en cadena bajo la premisa lógica de que, si la presión funcionó para un sector, funcionará para el resto.

Pero a dos años aún de gobierno el peor escenario para Vidal es el debilitamiento de la narrativa fiscal porque si (como dijo Verbes) la postura original del congelamiento se basaba en el argumento de que “los números de la provincia no dan” o “el presupuesto no lo permite”, retroceder sobre esas palabras, rompe esa narrativa. Los propios gremios pueden capitalizar esto, argumentando que la plata en realidad estaba, pero se negaba por decisión política, o bien que el gobierno es improvisado y compromete fondos que no tiene solo para apagar un incendio a corto plazo.

Finalmente todo esto agrega desgaste interno al gabinete de Claudio Vidal, que ya da claras señales de estar escorado y sin recambio. Las idas y vueltas generan fricciones puertas adentro. Los funcionarios que salieron a defender públicamente la postura dura del congelamiento salarial (Verbes y la “aclaración” contradictoria de Juan Mata, Ministro de Trabajo) quedan expuestos o desautorizados cuando las máximas autoridades deciden dar marcha atrás y ofrecer una salida conciliadora.

Todo esto era previsible, lo dijimos y advertimos con suficiente antelación y así está sucediendo, ante la necedad de un gobierno “con rasgos autoritarios” pero que confunde con “ejercer la autoridad”, cosa que no sabe, como tampoco sabe y puede moderar sus impulsos y mucho menos comunicar como es debido. (Agencia OPI Santa Cruz)