El Senado evalúa mañana desde las 11 la reforma laboral del Poder Ejecutivo. El oficialismo busca su último éxito legislativo antes de finalizar las sesiones extraordinarias. El presidente Javier Milei planea capitalizar este triunfo el domingo ante la Asamblea Legislativa.
La normativa transforma de raíz el sistema de despidos, las vacaciones y la negociación colectiva. También limita fuertemente el derecho a huelga en los servicios clave de la economía. El recinto abordará un solo cambio impulsado por la Cámara de Diputados.
Los legisladores analizarán la supresión del artículo 44 que achicaba los salarios por enfermedad o accidente ajeno al trabajo. El bloque de La Libertad Avanza, conducido por Patricia Bullrich, afronta esta jornada tras intensos debates. Los senadores trataron previamente el Régimen Penal Juvenil y la ley de Glaciares.
El congreso aprobó en diciembre los proyectos de Presupuesto e Inocencia Fiscal. El oficialismo ejecutó un veloz movimiento parlamentario entre el viernes último y el mediodía de ese mismo viernes para tener dictamen. La oposición denunció severas irregularidades procedimentales por la premura del trámite.
El Gobierno afirma tener los avales necesarios, tal como sucedió el pasado 11 de febrero. Los jefes provinciales Ignacio Torres de Chubut y Alfredo Cornejo de Mendoza garantizan los votos de sus distritos. Juan Pablo Valdés de Corrientes y Marcelo Orrego de San Juan mantienen su apoyo estructural a la ley.
Rolando Figueroa de Neuquén y Hugo Passalacqua de Misiones instruyen el voto positivo a sus senadores. Los peronistas Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta aportan las manos restantes. La Mesa Política del Gobierno aseguró estos respaldos tras casi dos meses de arduas negociaciones reservadas.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, coordinó el trabajo fino con los gobernadores. El acuerdo viabilizó la media sanción del 11 de febrero y la revisión de diputados del jueves 19. La aplicación de la norma elimina la obligación de otorgar vacaciones estivales anualmente.
El empleado gozará del descanso de verano una vez cada 3 años. La empresa fraccionará los días de licencia en tramos no inferiores a 7 días. El texto sustituye el pago monetario de las horas extras por un formato de compensación de tiempo directo.
El empleador devolverá 4 horas de franco si el trabajador cumple jornadas de 12 horas en lugar de 8. La ley permite turnos máximos de 12 horas seguidas de 12 horas continuas de reposo. El sistema compensará la extensión horaria con reducciones de jornada en otra fecha acordada.
El abaratamiento de los despidos constituye el eje central del esquema. El monto omitirá premios, vacaciones o aguinaldo, y tomará como base única el salario promedio del sector. Las grandes firmas cancelarán las indemnizaciones y sentencias judiciales en 12 cuotas.
Las pymes desembolsarán el dinero correspondiente en 18 cuotas. La CGT consiguió sostener el mecanismo solidario y el empresario mantendrá su rol de agente de retención. Los gremios percibirán el aporte obrero con un límite máximo estipulado en el 2%.
Sin embargo, la caducidad de los convenios colectivos con plazo vencido dejará a los trabajadores sin cobertura temporal. Esta situación perdurará inalterable hasta la rúbrica de un nuevo acuerdo. Las empresas añadirán componentes retributivos variables, dinámicos o fijos de manera unilateral o por arreglos individuales.
El Estado recorta el derecho a huelga y exige un 75% de operatividad ininterrumpida para los servicios esenciales. Los servicios trascendentales sostendrán un 50% de la dotación mínima indispensable. El bloqueo físico de los ingresos califica de inmediato como una infracción muy grave.
La autoridad penalizará cualquier intento de afectar la libertad de quienes decidan prestar tareas. La norma sanciona expresamente los actos de fuerza, los hechos violentos, las intimidaciones y las amenazas directas. (Agencia OPI Santa Cruz)