El Gobierno de Javier Milei publicó este lunes el Decreto 138/2026 en el Boletín Oficial. La medida del Ejecutivo promulga la Ley 27801. Esta norma establece el nuevo Régimen Penal Juvenil para todo el país. Lo cierto es que el oficialismo logró imponer su agenda punitiva tras varios meses de debate.
El texto de la ley detalla una baja concreta en la edad de imputabilidad y un esquema de penas graduadas. El sistema evalúa la edad del menor involucrado. Los jueces del fuero penal también deben considerar el contexto específico del delito.
La Libertad Avanza (LLA) consiguió una victoria legislativa clave el pasado 27 de febrero. Ese día el Senado avaló la iniciativa durante el periodo de sesiones extraordinarias. Los legisladores de la Cámara Alta aportaron 44 votos positivos frente a 27 negativos.
Sin embargo el proyecto original del oficialismo fijaba la edad de punibilidad en los 13 años. El Poder Ejecutivo aceptó subir ese límite a los 14 años tras arduas negociaciones parlamentarias. Los funcionarios nacionales buscaron destrabar el consenso necesario en la Cámara de Diputados.
Esta maniobra del oficialismo garantizó el acompañamiento estratégico del PRO y la UCR. Los aliados legislativos consideraron este número como un punto de equilibrio sólido para el sistema judicial. El dato clave es que buscaron alinear la ley con las legislaciones vigentes en otros países del continente.
Naciones de la región como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana penalizan los delitos desde los 14 años. Otros Estados limítrofes y cercanos como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá lo hacen desde los 12 años.
Las autoridades judiciales de estos territorios aplican medidas socioeducativas sobre los infractores. Los gobiernos regionales buscan priorizar la reinserción en la sociedad de los niños y jóvenes que cometen delitos. (Agencia OPI Santa Cruz)