El Departamento de Justicia norteamericano arrojó un salvavidas procesal sobre la defensa argentina para intentar frenar la etapa de discovery en el litigio por la expropiación petrolera. Aunque la Procuración del Tesoro de la Nación difunde el memorándum presentado ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York como una victoria diplomática, la realidad indica que el juicio multimillonario por YPF sigue amenazando la estructura financiera del país.
La administración nacional había ingresado una moción de emergencia el pasado 6 de marzo con el objetivo de bloquear la producción de documentos y paralizar los requerimientos de sanciones. Sin embargo, el respaldo de Estados Unidos no responde a un perdón sobre el pasivo de nuestro país, sino a una estrategia de autodefensa preventiva de la Casa Blanca.
El riesgo de un efecto boomerang sobre los activos soberanos
El argumento central de Washington advierte que habilitar una revisión exhaustiva contra un Estado extranjero resulta excesivamente intrusivo.
Quebrar los principios de reciprocidad y cortesía internacional podría habilitar a tribunales foráneos a aplicar medidas similares contra el propio Estado norteamericano en el futuro. Pese al relato oficial de éxito bilateral, el escrito judicial pide otorgar especial deferencia a su Poder Ejecutivo para evitar fricciones diplomáticas globales antes que por una alianza incondicional con la Argentina.
Con una audiencia probatoria ya fijada entre el 21 y el 23 de abril de 2026, el tribunal neoyorquino deberá decidir si atiende las advertencias de política exterior señaladas. Mientras tanto, el reloj procesal avanza y las consecuencias de las decisiones tomadas sobre la petrolera continúan bajo la lupa judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)