La textil Fantome Group solicitó la apertura de su concurso preventivo a principios de marzo para esquivar la quiebra y reestructurar un pasivo asfixiante. La fabricante de indumentaria para marcas líderes como Reebok, Cheeky, Kappa y Kevingston argumentó en el expediente judicial que la presión importadora y la caída abrupta de ventas forzaron la cesación de pagos. Los directivos plantearon ante el juez que el proceso concursal representa la única vía legal para mantener las máquinas operativas y ordenar las finanzas.
En los despachos judiciales, la firma detalló un colapso financiero que los registros oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) exponen en números:
- 33 cheques rechazados por falta de fondos.
- $44.978.000 en deuda de corto plazo exigible y sin cancelar.
- 100 despidos acumulados desde su pico operativo histórico.
La compañía opera desde 2018 en una planta industrial ubicada en el barrio porteño de Villa Devoto, donde alcanzó una nómina máxima de 120 operarios dedicados al diseño y distribución de ropa. El declive productivo comenzó en 2020 cuando la marca Kevingston sustituyó la provisión de la fábrica nacional por artículos importados. Los representantes de Fantome Group explicaron al magistrado que esa salida corporativa representó un quiebre estructural, ya que el cliente concentraba la casi totalidad del flujo de trabajo.
Otras etiquetas adoptaron esa misma estrategia comercial y abandonaron a la proveedora local. La estructura productiva sobrevivió los años siguientes mediante la firma de un contrato con Distrinando S.A., la licenciataria de Kappa y Reebok, para proveer indumentaria deportiva y equipamiento a clubes. El acuerdo finalizó en 2025 y sepultó definitivamente los ingresos mayoristas de la planta.
La presentación judicial adjudica la crisis actual a la recesión de la industria textil nacional, la cual padece una “competencia diabólica” frente al aluvión de importaciones. Los abogados de la firma indicaron que múltiples empresas comercializan indumentaria por debajo de sus costos de producción con el objetivo exclusivo de retener participación de mercado.
A la apertura comercial, la compañía sumó otros factores que pulverizaron su rentabilidad, como el aumento constante en los precios de los insumos, la suba de tarifas energéticas y la presión tributaria. El documento advierte sobre la ausencia de políticas públicas orientadas a frenar el dumping externo. Las elevadas tasas de interés y la exigencia de cancelar líneas de crédito bancarias terminaron de vaciar la liquidez de la Pyme.
La Justicia ordenó dos embargos superiores a los $130 millones a mediados del año pasado sobre las cuentas bancarias de la compañía. La textil carecía de fondos para cubrir esas retenciones judiciales e ingresó formalmente en cesación de pagos.
La gerencia ensaya un plan de reconversión comercial con la apertura de un local minorista en Belgrano y el lanzamiento de una marca propia al mercado. El esquema actual sostiene la facturación mediante una nueva unidad de bordado y estampado, que concentra los principales ingresos diarios. El nuevo modelo de negocios arroja números insuficientes para compensar el derrumbe mayorista y apenas logra costear una nómina residual de 20 trabajadores activos. (Agencia OPI Santa Cruz)