Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas intimó al Poder Ejecutivo a revertir la restricción generalizada. La organización alertó sobre el impacto directo en la libertad de expresión a raíz de una directiva sin antecedentes desde la recuperación democrática.
La prohibición absoluta del ingreso para todos los trabajadores de prensa a la Casa Rosada eliminó de manera unilateral una práctica institucional consolidada. La medida del Gobierno nacional aplicó una sanción colectiva sobre la sala de periodistas, utilizando como argumento extraoficial la existencia de una investigación judicial en curso.
ADEPA objetó la decisión mediante un documento formal. La entidad advirtió que las denuncias puntuales “no justifican la adopción de medidas de carácter general que afectan el normal ejercicio del periodismo ni deben derivar en restricciones colectivas“.
El texto difundido por el organismo omitió precisar la identidad y el cargo del funcionario responsable de ejecutar la orden de clausura en los molinetes de Balcarce 50. Tampoco detalló la carátula o el juzgado a cargo de la causa penal esgrimida para bloquear el edificio.
El cerrojo sobre la sede de gobierno rompe con la dinámica operativa estatal. El tránsito de los acreditados por los pasillos oficiales funcionó ininterrumpidamente desde 1983, operando como un filtro básico para transparentar las resoluciones de la administración central.
La cúpula de ADEPA formalizó el requerimiento para que la gestión nacional levante la barrera de forma urgente y rehabilite el acceso pleno a los cronistas. (Agencia OPI Santa Cruz)