Los extitulares del área de Transporte rechazaron las acusaciones por retornos ilegales ante la Justicia. Ambos dirigentes desestimaron la validez de las anotaciones del caso y denunciaron un esquema de presiones contra los ejecutivos del sector.
Durante la jornada de hoy, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime compareció ante el Tribunal Oral Federal Nro. 7 para rechazar el presunto cobro de sobornos dentro del expediente conocido como Causa Cuadernos. Esta investigación penal mantiene como principal acusada a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner.
Frente a los magistrados, el exfuncionario desmintió las declaraciones que aportaron los empresarios arrepentidos. El declarante mencionó puntualmente al ingeniero Aldo Roggio y afirmó que la Justicia extorsionó a los ejecutivos con la amenaza de enviarlos a prisión si evitaban testificar en su contra.
El descargo continuó con una crítica directa hacia las pruebas documentales que integran el proceso. Jaime calificó como meras “fotocopias” a las anotaciones que redactó el chofer Oscar Centeno en su cuaderno y les restó validez legal para sostener una acusación formal.
Al finalizar su exposición, el acusado describió el estado de salud que atraviesa producto de un carcinoma y solicitó un traslado hacia una cárcel en la provincia de Córdoba para residir cerca de su familia. Acto seguido, el exsecretario declinó responder las preguntas de los jueces presentes en la sala.
La estrategia defensiva encontró un eco exacto en Juan Pablo Schiavi, quien ocupó la Secretaría de Transporte en el período 2009 – 2012 como sucesor del primer declarante. El dirigente se presentó hoy ante el mismo tribunal y negó enfáticamente la recepción de pagos ilícitos durante su gestión.
Para sostener su inocencia, el segundo imputado tildó a los escritos de Centeno como “fotocopias inválidas” y cuestionó la cadena de vigilancia sobre la evidencia original. El exfuncionario contradijo frontalmente los testimonios de Roggio y de Benjamín Romero, quienes lo señalaron como el recaudador del 5% de los subsidios estatales.
Según su óptica, los empresarios emitieron esas acusaciones bajo una estricta presión judicial para esquivar la cárcel. La figura política de este dirigente cobró notoriedad pública tras el accidente ferroviario en Once, un evento que detonó su renuncia al cargo oficial, más allá de los motivos de salud que esgrimió en aquel momento.
Los tribunales lo condenaron en el año 2015 por los delitos de administración fraudulenta y estrago culposo. La Justicia emitió inicialmente una pena de 8 años, que luego la Cámara de Casación redujo a 5 años y 6 meses, sumando una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras cumplir dos tercios de su condena en el penal de Ezeiza y acreditar la participación en diversos cursos de formación, los magistrados le concedieron la libertad condicional en noviembre de 2021. (Agencia OPI Santa Cruz)
