El Decreto 315/2026 establece recortes en las contribuciones de las compañías durante cuatro años. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fiscalizará el cumplimiento de las nuevas contrataciones.
El presidente Javier Milei promulgó este lunes el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) mediante el texto de orden público en el Boletín Oficial. El instrumento gubernamental busca disminuir la carga fiscal de las compañías para traccionar la contratación de personal no registrado.
La normativa lleva la firma del primer mandatario y de sus principales ministros. La ejecución de este capítulo laboral ocurre tras la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, tribunal que anuló la medida cautelar que mantenía bloqueada la reforma económica en el ámbito judicial.
El fallo de los magistrados habilita al Poder Ejecutivo a aplicar los beneficios sobre los vínculos laborales que las firmas inicien y registren ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El período de altas habilitadas comprende la ventana temporal estricta entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027.
El articulado legal direcciona las reducciones de las contribuciones patronales hacia la absorción de cuatro perfiles poblacionales específicos. Las empresas obtendrán las ventajas fiscales si contratan a individuos que carecían de un empleo formal al 10 de diciembre de 2025.
Las compañías también podrán sumar a sus nóminas a personas que sufrieron desempleo durante el semestre exacto previo a su contratación. El esquema incorpora, en tercer lugar, a los ex monotributistas que no acrediten trabajos en relación de dependencia dentro del ámbito privado en los últimos seis meses.
El cuarto segmento habilitado engloba a los trabajadores cuyo último empleo registrado dependió de la estructura burocrática del sector público. Este inciso abarca a los ex empleados estatales de la administración central en los niveles nacional, provincial o municipal.
La instrumentación del Decreto 315/2026 impone restricciones de volumen para los empleadores. Las incorporaciones bajo este formato de reducción de aportes encuentran su techo operativo máximo en el 80% de la plantilla total de la firma.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ejecutará el monitoreo sistémico de las declaraciones juradas corporativas. El Ejecutivo ordenó que las empresas que infrinjan las normativas asuman el pago inmediato de las contribuciones adeudadas junto con la totalidad de las sanciones y los intereses correspondientes. (Agencia OPI Santa Cruz)