(Por: Rubén Lasagno) – El abogado Sergio Acevedo hoy es uno de los Vocales del Superior Tribunal de Justicia y la aparición de un pedido por parte del Dr Sergio Macagno para que se forme una comisión investigadora que analice la trazabilidad de los denominados “Fondos de Santa Cruz” por regalías mal liquidadas de YPF en épocas de Néstor Kirchner, volvió a poner en debate un tema cuidadosamente sepultado por años por los sucesivos gobiernos provinciales y puntual y expresamente, por el propio Sergio Acevedo durante su gestión y años posteriores ya fuera de la función pública.
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Si en la legislatura se aprueba una medida de revisión del tema fondos y escalara judicialmente hasta llegar a instancias del STJ la lógica institucional indica que Acevedo debería usar la herramienta procesal de la excusación, por su involucramiento histórico en el tema. Hacer lo contrario no solo violaría principios básicos del derecho procesal penal y administrativo, sino que sometería al TSJ a un nivel de escrutinio público y federal que, en su actual etapa de reconfiguración política, probablemente prefieran evitar.
Históricamente, Acevedo ha mostrado límites que otros actores del kirchnerismo no tuvieron, expresada particularmente en su renuncia en 2006 al negarse a firmar adelantos de obra pública para Lázaro Báez es el mayor antecedente; sin embargo, lo sobreviene el silencio sepulcral que hizo de allí en adelante, tanto sobre los motivos que lo impulsaron a salir de la gobernación por la puerta chica o, en el caso puntual, silencio total por el destino de los fondos.
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Posiblemente, llegado el hipotético caso que el tema escalara política y judicialmente (cosa que dudo), de hecho, en un informe anterior expliqué por qué esa idea no va a transcender en la legislatura provincial, es posible que Sergio Acevedo evite ser recusado y expuesto a los medios, preserve su imagen dentro del máximo Tribunal y se ahorre de fallar contra intereses históricos del kirchnerismo del cual forma parte.
Seguramente optaría por reservar una imagen de “reserva moral” o “jurídica” dentro del tribunal y por supuesto se ahorraría de firmar un fallo absolutorio donde quede manchado por sospechas de encubrimiento y sea revocado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
En el ecosistema judicial de Santa Cruz, no es inédito que los magistrados desestimen pedidos de recusación apelando a interpretaciones restrictivas de la norma pero si Acevedo decidiera no excusarse (argumentando, por ejemplo, que lo que se juzga es un período distinto a su gobernación, o un aspecto técnico diferente), el comportamiento institucional generaría un escándalo de gravedad institucional, nada raro después del escándalo de la ampliación del Tribunal. Esto abriría de inmediato la vía del Recurso Extraordinario Federal. La CSJN ha sido sumamente estricta en su jurisprudencia (como en el fallo “Llerena” o “Dieser”) respecto a la garantía del juez imparcial. Un fallo del TSJ con la firma de Acevedo sobre los fondos de Santa Cruz nacería herido de muerte y sería casi con seguridad anulado en la instancia federal.
El pasado lo condena
Durante su gestión en Santa Cruz, la estrategia discursiva de Acevedo consistió en respaldar incondicionalmente a Néstor Kirchner y confrontar con la oposición.
En noviembre de 2004, Acevedo argumentó que enviar los fondos al exterior (a cuentas del Credit Suisse Private Banking en Suiza) fue una medida estrictamente necesaria tomada “en resguardo de los dineros públicos” frente al colapso del sistema financiero argentino a fines de 2001.
Sostuvo que los reclamos y pedidos de informes sobre los fondos tenían como único fin “horadar la figura presidencial“. En sus discursos, solía cuestionar el foco exclusivo sobre su provincia, afirmando: “¿Por qué los dedos acusadores apuntan a Santa Cruz y no a los responsables de otros estados que percibieron montos aún mayores a los nuestros y hoy no pueden explicar en qué fueron utilizados?“.
En el plano administrativo, Sergio Acevedo asumió el compromiso público de que los fondos retornarían al país únicamente cuando Argentina saliera del default.
En 2004, confirmó públicamente que el dinero sumaba alrededor de 513 millones de dólares (contando intereses) y aseguró que la cifra estaba debidamente certificada por el Tribunal de Cuentas provincial, donde tenía participación la minoría radical.
El 1 de marzo de 2006, durante su último discurso de apertura de sesiones en la Legislatura provincial (apenas 15 días antes de su renuncia), anunció formalmente que la provincia había logrado repatriar 403.294.758 dólares.
En la práctica, Acevedo dispuso que el dinero repatriado no debía usarse para gastos corrientes (“para eso está el presupuesto, argumentó”) y ordenó depositarlo en el Banco de Santa Cruz (entidad de la cual el Estado provincial poseía y posee aún hoy, el 49% de las acciones) para ser contabilizado y resguardado como fondos extrapresupuestarios. Según su informe oficial de aquel momento, los ahorros totales de la provincia alcanzaban los 552,5 millones de dólares.
A mediados de marzo de 2006, Acevedo renunció abruptamente a la gobernación sin embargo, respecto al manejo específico de los fondos, años más tarde (2008) mantuvo su postura original en declaraciones radiales, justificando que gran parte del dinero siempre estuvo en el exterior para protegerlo e insistiendo en que los fondos reales siempre estuvieron a disposición de la provincia.
Un informe oficial presentado ante el Tribunal de Cuentas provincial correspondiente al año 2019 (aprobado en 2020), la gobernación blanqueó que en la cuenta corriente N° 39559/8 del Banco Nación (sucursal Plaza de Mayo) de las regalías mal liquidadas quedaban US$ 9.607.
En el año 2022, los reportes indicaban que el saldo había descendido a US$ 9.295.
Las actualizaciones más recientes fijaron ese remanente en US$ 8.891.
Del resto no se tiene conocimiento público dónde fue a parar, en qué se utilizó, quién se los quedó y quiénes son los responsables. Uno de los que más sabe de todo eso es Sergio Acevedo, hoy integrante del Superior Tribunal de Justicia donde, hipotéticamente, si prosperara el pedido realizado por el Dr Sergio Macagno, podría caer el expediente para que todos los involucrados en la trazabilidad y desaparición de esos fondos, presten su testimonio. (Agencia OPI Santa Cruz)