Con un desembolso de U$S 1.000 millones, el Directorio Ejecutivo del FMI cerró este viernes 22 de mayo la segunda revisión del acuerdo por U$S 20.000 millones. El giro de divisas busca apuntalar el balance del central tras registrarse un desvío en las metas de acumulación de reservas comprometidas por las autoridades económicas.
La cúpula del organismo multilateral convalidó la transferencia contable tras analizar las cuentas públicas procesadas a mediados de abril en Washington, durante las Reuniones de Primavera. El retraso de más de un mes en la aprobación final del Directorio forzó al viceministro de Economía, José Luis Daza, a anticipar la sesión del cuerpo técnico en una emisión de streaming por la mañana, confirmando que el expediente ingresaba de forma inminente al tratamiento formal de la Junta Ejecutiva.
El dictamen técnico del organismo alternó elogios políticos con advertencias contables explícitas sobre la sustentabilidad del programa macroeconómico. Los auditores de Washington consignaron las siguientes metas y desvíos dentro de la hoja de ruta firmada:
- El Palacio de Hacienda incumplió la meta vinculada a la acumulación de RIN (reservas internacionales netas).
- El Gobierno ejecutó “medidas correctivas” destinadas a acortar la brecha frente al objetivo inicial y reducir los diferenciales soberanos.
- El equipo económico cumplió la mayoría de los criterios de desempeño clave y las metas indicativas del período evaluado.
La titular del fondo, Kristalina Georgieva, matizó el aval al señalar que durante el 2025 la “creciente incertidumbre política” afectó de manera directa al “crecimiento, la desinflación y la estabilidad externa“. La funcionaria justificó el visto bueno técnico actual en los ajustes de política posteriores que generaron una reacción en la confianza del mercado, aunque condicionó los próximos pasos a una poda más severa en las partidas de las jurisdicciones del interior.
El ajuste fiscal demandado por Washington impactará en el financiamiento de las provincias patagónicas a través de una nueva contracción real de los envíos federales. Georgieva celebró explícitamente el compromiso del Ejecutivo para “seguir buscando un equilibrio fiscal general” mediante la profundización de los recortes en los subsidios a la energía, una mayor focalización de las transferencias sociales y la contención estricta del gasto discrecional. Esta última medida apunta a neutralizar el costo fiscal de las leyes de actualización presupuestaria aprobadas en el Congreso.
El organismo multilateral determinó que la acumulación de divisas en el BCRA y la flexibilización del tipo de cambio resultan “esenciales” para absorber choques externos asociados al conflicto en Medio Oriente. Asimismo, la Junta Ejecutiva fijó la necesidad de que el sector público inicie el retorno a los mercados internacionales de crédito para refinanciar sus obligaciones de corto plazo en moneda extranjera y disminuir de forma progresiva la exposición financiera con el prestamista de última instancia.
La conducción del FMI impuso además condiciones de fondo sobre el manejo de la autoridad monetaria nacional. El Directorio obligó al BCRA a robustecer la transparencia institucional y optimizar su política de comunicación, implementando mecanismos específicos dirigidos a contener la volatilidad de las tasas de interés con el propósito de recomponer la transmisión monetaria y la asignación del crédito privado. Las directivas técnicas exigen fortalecer los marcos regulatorios y de supervisión para profundizar el mercado de capitales local, limitando el riesgo sistémico mientras las autoridades sigan ejecutando reformas en el balance y la gobernanza del banco emisor. (Agencia OPI Santa Cruz)