El juez federal Ariel Lijo analiza convocar a declaración indagatoria al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, antes del inicio de la feria judicial de invierno. La medida procesal avanza en los tribunales de Comodoro Py dentro del expediente que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito. El magistrado aguarda el resultado de las últimas medidas de prueba solicitadas junto al fiscal Gerardo Pollicita para definir la fecha del llamado.
La causa penal concentra su hipótesis en los vínculos económicos entre el ministro coordinador y el productor televisivo Marcelo Grandio, propietario de la firma Imhouse. La Justicia detectó que esta empresa mantiene contratos vigentes con la TV Pública. En los despachos judiciales consideran que la citación implica un grado de avance significativo al acumular elementos suficientes que sustentan la sospecha de delitos en la función pública.
Las pruebas documentales contradicen las explicaciones públicas del integrante del Poder Ejecutivo. El juzgado investiga si el empresario audiovisual costeó el viaje familiar del funcionario a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval a bordo de una aeronave privada. El broker aeronáutico Agustín Issin Hansen declaró en sede judicial que Marcelo Grandio reservó y pagó el traslado a través de su productora.
Las constancias contables del expediente detallan que la empresa Alpha Centauri facturó el tramo de ida directamente a la firma Imhouse. El tramo de regreso quedó registrado a nombre del productor televisivo por un valor de 3000 dólares. Los investigadores sostienen que los ingresos formales del jefe de Gabinete exhiben una incompatibilidad abierta con las erogaciones detectadas en su entorno familiar.
El juzgado ordenó el entrecruzamiento de llamadas telefónicas y el análisis de geolocalización de los dispositivos de Manuel Adorni, Marcelo Grandio y Horacio Silva, socio fundador de Imhouse. El peritaje técnico busca determinar la existencia de comunicaciones coincidentes con la adjudicación de contenidos en los medios estatales. La lupa judicial abarca los ciclos televisivos, radiales y de streaming titulados “La caja de Pandora”, “Giros en Línea Recta”, “Enredados”, “La Sala” y “Gritalo Mundial”, este último conducido por el propio empresario.
La fiscalía contrapone los sueldos del funcionario con la adquisición de una propiedad en el country Indio Cuá, ubicado en la localidad de Exaltación de la Cruz. La escritura del inmueble se firmó en noviembre pasado por un monto aproximado de 120.000 dólares. A esa cifra se añaden gastos de remodelación integral y equipamiento por 245.000 dólares, obras que los contratistas ejecutaron sin emitir la facturación formal obligatoria.
La causa penal sumó una línea de investigación por posible peculado debido al presunto desvío de recursos públicos. La Justicia recopila datos para verificar si efectivos de la Gendarmería Nacional cumplieron tareas de custodia personal en el ingreso al barrio privado donde reside el jefe de ministros. La comprobación de servicios ajenos a las funciones oficiales determinaría la utilización indebida de personal de seguridad del Estado para beneficio particular. (Agencia OPI Santa Cruz)