(OPI TdF) – La administración provincial cuantificó pérdidas de miles de millones de dólares por captura pesquera ilegal y denunció que el bombeo de crudo en cuatro cuencas atlánticas viola mandatos de la Organización de las Naciones Unidas.
El secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales, Andrés Dachary, anunció la redacción de un marco regulatorio para sancionar a empresas que presten soporte logístico a Gran Bretaña. La iniciativa busca penalizar comercialmente a las compañías operativas en terminales portuarias regionales que asistan las tareas británicas en el Atlántico Sur.
El 5 de septiembre de 2026, el funcionario evaluó el discurso emitido por el presidente de la Nación, Javier Milei, durante la última cadena nacional. Dachary exigió traducir el discurso oficial en acciones directas contra la ocupación y remarcó la gravedad del cuadro territorial: “Muchas veces, cuando hablo con medios de otras latitudes, yo digo que somos una provincia invadida y miran diciendo ‘¿de qué habla?’. No tenemos una real dimensión. Sí, obviamente, hay conciencia de Malvinas, pero no de todo lo que implica” afirmó Dachary.
Pérdidas pesqueras y extracción petrolera en cuatro cuencas atlánticas
Un volumen de 55 mil barriles diarios compone el piso de extracción hidrocarburífera británica en el área en litigio, con proyecciones que alcanzan un techo de 180 mil barriles dentro de una de las cuatro cuencas existentes. El representante provincial vinculó este bombeo con el perjuicio económico continuo que sufre el país por la captura ictícola desregulada en aguas circundantes: “Hay una salida enorme desde lo económico con los miles de millones de dólares que hemos perdido en temas de activos asociados a la pesca, y que ojalá se pueda impedir lo que tiene que ver con los hidrocarburos. El ritmo de explotación es de entre 55 mil barriles, con tope de 180 mil, y es una de las cuatro cuencas que tiene. Es decir, el potencial económico es enorme” indicó el secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Relaciones Internacionales.
En Naciones Unidas, la diplomacia argentina mantiene vigente el reclamo amparado en la Resolución 2065 de la Asamblea General y la manda de la Constitución Nacional. La administración fueguina alertó sobre el impacto negativo que genera la consolidación extractiva sobre el diálogo bilateral: “Si no frenamos esto, realmente esa reapertura de negociaciones que es lo que Argentina pide por la Resolución 2065 de la ONU y por la cláusula transitoria primera de la Constitución, cada vez va a quedar más lejos” aseveró Andrés Dachary.
Bloqueo normativo provincial a la cadena de suministros portuarios
El Poder Ejecutivo Provincial estructura el proyecto legal con penalizaciones tributarias y comerciales directas destinadas a desalentar la asistencia privada a las actividades del Reino Unido en el archipiélago. Conforme al expediente que evaluó este medio, las sanciones alcanzarán a proveedores que faciliten aprovisionamiento técnico y transporte marítimo: “Estamos trabajando para generar normas para que esto no pueda suceder, y, si sucede, haya, obviamente, una carga de sanciones para desalentar por completo que empresas operen facilitando lo que es la logística y la continuidad de la presencia en el Atlántico Sur de Gran Bretaña desde distintos puertos de la región” finalizó Dachary. (Agencia OPI Tierra del Fuego)