(OPI TdF) – La orden judicial habilitó a la Secretaría de Ambiente tras cuatro bloqueos denunciados por Fiscalía de Estado y dispuso el auxilio de la Prefectura Ushuaia para fiscalizar las instalaciones portuarias.
El juez subrogante Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción 2, ordenó este miércoles 28 de octubre el ingreso forzoso de inspectores provinciales al puerto de Ushuaia para auditar condiciones ambientales y almacenamiento de sustancias peligrosas. La resolución autoriza a los técnicos a verificar posibles derrames contaminantes y el estado de las instalaciones vinculadas directamente con el recurso hídrico provincial.
Efectivos de la Prefectura Ushuaia acompañaron el procedimiento dentro de la terminal marítima tras la intervención solicitada por el Poder Ejecutivo fueguino. La medida judicial resolvió una serie de impedimentos de acceso previos denunciados por las autoridades ambientales para constatar in situ el cumplimiento de la normativa vigente.
El juez Sergio Pepe delimitó la inspección
La orden judicial autorizó la fiscalización presencial en nueve sectores operativos del puerto de Ushuaia, abarcando el Muelle Comercial, el Muelle de Catamaranes, la Plazoleta Fiscal, el Taller Mecánico y los recintos de acopio de residuos. La resolución facultó a los inspectores a revisar antiguos tanques de combustible, áreas de relleno costero, obras de infraestructura en contacto con el agua y el tendido de drenajes pluviales.
El personal técnico recibió habilitación para examinar las medidas de seguridad y clasificación de residuos peligrosos, además de relevar la descarga de materiales provenientes de las bases antárticas argentinas y de las agencias marítimas operativas. La resolución judicial aclaró que los riesgos señalados por el área ambiental no representan una constatación firme de contaminación, sino eventos técnicos sujetos a comprobación pericial directa.
La comitiva inspectora autorizada en la resolución incluyó a la secretaria de Ambiente, Lisi Cristófano, al director de Obras Hidráulicas y Fluviales, Miguel Hidalgo, al hidrólogo Sergio Müller y a la directora de Gestión Ambiental, Elizabeth Ruiz. El magistrado restringió las facultades del equipo a los puntos geográficos indicados y dispuso que los requerimientos documentales sigan su curso por vía administrativa.
La intervención judicial respondió a una denuncia formal presentada el 14 de octubre por la Fiscalía de Estado, motivada por sucesivas negativas de ingreso aplicadas a inspectores provinciales los días 25 de agosto, 1 y 17 de septiembre. El Ministerio de Producción y Ambiente notificó un cuarto impedimento el 19 de octubre, solicitando auxilio judicial inmediato para restablecer las facultades de control estatal sobre el predio portuario de Ushuaia.
El expediente incorporó la advertencia provincial sobre materiales peligrosos declarados en un informe de gestión de 2025, cuyo retiro programado para enero de 2026 no registra constancia de ejecución. La Secretaría de Ambiente notificó que desconoce la ubicación y el volumen actual de esos elementos, mientras que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación afirmó que no existen residuos peligrosos dentro de las instalaciones portuarias.
El magistrado fundamentó la medida en el artículo 204 del Código Procesal Penal provincial y ratificó la competencia local el lunes 26 de octubre, luego de que el Juzgado Federal de Garantías devolviera el expediente. La sede judicial notificó a Fernando Ariel Polizzi sobre sus garantías procesales y admitió como parte querellante a la Fiscalía de Estado para esclarecer las circunstancias del bloqueo administrativo.
El Juzgado de Instrucción 2 mantiene abiertas las diligencias para determinar las responsabilidades operativas en las restricciones de ingreso y dejó abierta la revisión de competencia territorial si surgen nuevos elementos en la causa. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
