La fiscalía anticorrupción asumió la acción penal para revocar la clausura dictada en primera instancia sobre el presidente, su hermana y otros nueve imputados, elevando el planteo a la alzada federal.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas resolvió intervenir formalmente en la causa judicial denominada $LIBRA con el objetivo de apelar el sobreseimiento dictado a favor del presidente de la Nación, Javier Milei, y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La presentación técnica busca revertir el cierre de la instrucción que investiga una presunta maniobra de estafa vinculada a activos digitales.
El fiscal nacional a cargo del organismo especializado, Sergio Rodríguez, formalizó la presentación procesal para asumir la titularidad de la acción penal tras la resolución del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien había dispuesto clausurar el expediente. Dicha determinación judicial convalidó la postura previa del fiscal instructor Eduardo Taiano, quien desestimó continuar con la persecución penal y solicitó desvincular a los hermanos Milei junto a otros nueve imputados investigados en la causa.
La intervención acusadora de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas respondió a las solicitudes formales elevadas por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Ambas asociaciones civiles fundamentaron su reclamo al calificar la clausura del proceso judicial como una decisión de carácter “prematuro”.
Representantes del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica definieron la intervención de la fiscalía especializada como un “paso fundamental” frente a las instancias previas. Desde el organismo sostuvieron en un comunicado emitido recientemente que “está en juego la posibilidad de esclarecer hechos que involucran a las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y comprometen el interés de toda la sociedad”, remarcando además que las autoridades judiciales “deben habilitar una investigación exhaustiva, proactiva y especializada para evitar la impunidad”.
El trámite procesal quedó radicado en el Juzgado Federal N° 8, subrogado actualmente por el magistrado federal Daniel Rafecas, quien tiene la atribución de hacer lugar a la reapertura del sumario penal. Frente a una eventual negativa en primera instancia, el fiscal Sergio Rodríguez interpuso de manera conjunta un recurso de apelación en subsidio para habilitar la intervención y resolución directa de la Cámara Federal. (Agencia OPI Santa Cruz)
