La Comisión de Acusación reactivó los expedientes por maltrato laboral, abuso sexual y demoras severas en los tribunales federales del país.
La conducción de la Corte Suprema en el Consejo de la Magistratura de la Nación liquidó la estabilidad de tres magistrados mediante destituciones y dimisiones forzadas bajo presión de enjuiciamiento. El organismo aceleró los procesos disciplinarios orientados a la remoción de los jueces federales tras años de parálisis administrativa en las vocalías.
La Comisión de Acusación firmó por unanimidad el dictamen para someter a juicio político al juez federal de Rosario, Gastón Salmain. La resolución, aprobada el 28 de mayo de 2026, imputa al magistrado mal desempeño y ordena suspenderlo en sus funciones. El expediente pasó de forma directa a consideración del Plenario del Consejo de la Magistratura para su ejecución definitiva.
El órgano de selección y control dispuso además la citación del juez en lo civil y comercial, Alejandro Patricio Maraniello. La denuncia penal contra este funcionario detalla hechos de abuso sexual y maltrato laboral reiterado dentro de su dependencia. El avance de la investigación interna precede a la conformación de un nuevo jurado de enjuiciamiento.
Los registros institucionales confirman las remociones efectivas de Walter Ricardo Bento y Martín Luciano Poderti. A estas bajas se sumó la renuncia de Marcelo Martín Bailaque, quien comandaba un juzgado federal en Rosario. El funcionario dimitió a su cargo para eludir la destitución formal ante las pruebas acumuladas en el sumario.
El esquema punitivo alcanzó el plano económico en octubre de 2023 con penalidades financieras directas. El cuerpo aplicó sanciones pecuniarias a los jueces Javier Anzoategui y Luis María Rizzi. Los consejeros dictaminaron que los magistrados vertieron expresiones ofensivas contra el decoro judicial y los derechos humanos en una sentencia.
La penalidad obligó a ambos funcionarios a cursar capacitaciones obligatorias sobre la Ley Micaela y perspectiva de género. Meses después, en mayo de 2024, el organismo aplicó un apercibimiento formal al juez laboral Alberto Alejandro Calandrino. La auditoría técnica constató demoras injustificadas en la tramitación de los expedientes a su cargo.
La violencia institucional interna motivó una multa económica contra el juez federal de Eldorado, Miguel Ángel Guerrero, en julio de 2024. Los secretarios y empleados de la jurisdicción acreditaron situaciones sistemáticas de maltrato laboral. La resolución asentó un precedente punitivo en las delegaciones del norte del país.
Los tribunales de enjuiciamiento tramitan en paralelo las acusaciones contra Alfredo Eugenio López y Pablo Ramiro Díaz Lacava. Ambos enfrentan cargos ante el Jurado de Enjuiciamiento por violaciones reiteradas a los deberes de funcionario público. El proceso técnico administrativo ingresó en la etapa de producción de prueba final.
Las reformas alcanzaron la estructura de conducción del Consejo de la Magistratura de la Nación mediante el desplazamiento de la línea jerárquica histórica. El tribunal dispuso la remoción de secretarios y la renovación total en las direcciones estratégicas. La medida ejecutó una política de revisión de conductas en la planta permanente del Poder Judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)