El Poder Ejecutivo busca derogar el financiamiento directo de la autoridad monetaria al Tesoro Nacional para bloquear la emisión y anular los fondos discrecionales girados a las provincias.
El presidente Javier Milei prometió durante su campaña el cierre definitivo del BCRA. El proyecto anunciado este miércoles en la Casa Rosada descarta esa clausura y se limita a modificar la Ley 24.144 para restringir las transferencias monetarias directas al Estado.
El texto oficial apunta contra las modificaciones introducidas en 2012 por la entonces titular de la entidad, Mercedes Marcó del Pont. El objetivo técnico del Gobierno radica en suprimir el artículo 20 de la normativa vigente.
Ese apartado normativo permite al BCRA realizar adelantos transitorios al Tesoro Nacional por un equivalente al 12% de la base monetaria. Esta base computa la circulación de billetes físicos y los depósitos a la vista de las entidades financieras.
La ley vigente también autoriza un fondeo extra del 10% sobre los recursos en efectivo obtenidos por el Estado en los 12 meses previos. La eliminación de esta vía de emisión asfixia de forma directa a las arcas del interior del país.
Sin financiamiento del BCRA al Tesoro, el Gobierno nacional carece de la liquidez necesaria para enviar Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a Santa Cruz y al resto de la región patagónica. La medida liquida cualquier rescate federal frente a los déficits provinciales y fuerza ajustes locales.
La Casa Rosada negocia la Ley 24.144 en la Cámara Alta
El jefe de Estado definió la estrategia legislativa junto a la senadora y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich. El Poder Ejecutivo decidió ingresar el proyecto de reforma directamente por la Cámara Alta para iniciar el debate.
Durante su exposición en la Fundación Faro, Javier Milei focalizó su ataque contra Marcó del Pont por asignarle múltiples objetivos al ente monetario. La flexibilización de la carta orgánica expandió la base monetaria y aceleró la devaluación real del peso frente a la inflación.
La legislación redactada durante la administración de Cristina Kirchner obliga al Poder Ejecutivo a devolver el monto extra del 10% antes de cumplirse 12 meses desde su emisión. Si el Estado incumple ese reintegro, el artículo 20 bloquea nuevos adelantos hasta cancelar la totalidad de la deuda. (Agencia OPI Santa Cruz)