La defensa del imputado intentó descontar de la condena definitiva los años que permaneció excarcelado. El máximo tribunal federal desestimó el requerimiento por inadmisible.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo de la defensa de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez. Según el expediente judicial de la causa “ruta del dinero K“, el condenado solicitó computar como pena cumplida los dos años de libertad condicional transcurridos antes del fallo firme. La investigación penal probó el lavado de 55 millones de dólares.
Los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron la queja mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. De acuerdo con la presentación formal, los abogados argumentaron que el procesado careció de libertad plena en ese lapso.
Según la documentación de la causa, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 4 y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal denegaron previamente la contabilización. Ambas instancias rechazaron el argumento de la defensa técnica que asimilaba las restricciones de la excarcelación con el cumplimiento del encierro en un establecimiento penitenciario.
El 26 de febrero de 2021, la Justicia de primera instancia estableció una condena de nueve años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, ejecutado entre 2010 y 2013. Posteriormente, el 28 de febrero de 2023, el tribunal de alzada revisó el expediente y modificó el fallo original.
Los camaristas redujeron la pena a seis años y seis meses de prisión, resolución que habilitó la salida del condenado en junio de 2023. El 29 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo y dejó la condena firme de manera definitiva.
Según los registros judiciales, el 12 de junio de 2025 el tribunal oral convirtió la excarcelación en libertad condicional. La defensa interpuso recursos para descontar este período del total de la reclusión, acción que culminó con la desestimación final en la máxima instancia judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)