El Gobierno formalizó la concesión por 20 años de cuatro tramos clave operados por la empresa estatal Corredores Viales.
El Ministerio de Economía entregó hoy la administración de 2.500 kilómetros de rutas nacionales a capitales privados por un plazo inamovible de 20 años. Mediante la Resolución 1149/2026 publicada este martes 28 de julio de 2026, el Gobierno fijó una tarifa de peaje base ofertada de hasta $1.989,67, a la cual los usuarios deberán sumar obligatoriamente el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
La medida firmada por el ministro Luis Caputo consolida el desarme operativo de la firma estatal Corredores Viales, amparado en las facultades otorgadas por la Ley Bases. El esquema oficial divide la traza en cuatro corredores estratégicos para la logística agroexportadora del centro del país. Las empresas ganadoras asumen la explotación comercial de las cabinas de cobro, el mantenimiento preventivo y la futura ampliación de la infraestructura asfáltica.
El impacto tarifario directo recaerá sobre el transporte logístico y de pasajeros que utiliza la Red Federal de Concesiones – Etapa II-B. Al excluir la carga impositiva del 21% en la presentación pública de las ofertas, el valor real que pagarán los conductores en ventanilla superará ampliamente el monto nominal difundido por el oficialismo. La adjudicación traslada al sector privado el control de caminos que actualmente presentan graves deficiencias estructurales por falta de inversión pública.
3 claves para entender esta medida:
- La licitación privatiza tramos de las Rutas Nacionales 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188, 193, A-005 y A-008.
- La Unión Transitoria conformada por CREDITECH S.A. y PLANTEL S.A. concentrará la recaudación de dos de los cuatro corredores licitados.
- El andamiaje legal se sostiene en el Decreto 97/2025 que reglamentó y autorizó el procedimiento de concesión de obra pública.
¿Cuánto costará transitar por las rutas privatizadas?
El esquema tarifario se divide según el corredor geolocalizado. Las ofertas ganadoras definen el costo base de las estaciones de cobro. El Tramo Mediterráneo quedó a cargo de CREDITECH S.A. y PLANTEL S.A. con una tarifa ofertada de $1.989,67. El Tramo Portuario Norte fue asignado a CPC S.A. por $1.856,00.
El Tramo Puntano lo operarán las firmas BASAA S.A. y CECOSA S.A. con un costo inicial de $1.440,08. Finalmente, el Tramo Portuario Sur vuelve a quedar bajo el control operativo de CREDITECH S.A. y PLANTEL S.A. por un valor base de $1.256,03. Todos los montos detallados en los expedientes no incluyen el gravamen fiscal.
“El objetivo de estas concesiones no solo abarca el mantenimiento y reparación de las calzadas, sino también la ampliación de la infraestructura y la posibilidad de realizar explotaciones complementarias que generen ingresos adicionales”, justificó el Ministerio de Economía en los considerandos normativos.
¿Por qué el Gobierno elimina la administración estatal?
El desprendimiento de los peajes nacionales obedece al plan de liquidación de activos públicos ejecutado por la administración central. La principal causa de esta tercerización masiva responde al reclamo del sector productivo por el estado de deterioro crónico de las calzadas bajo la gestión pública directa.
El Ejecutivo nacional busca trasladar el costo total de la reparación vial de forma exclusiva al usuario que transita las rutas. El efecto directo de esta medida implica liberar al Tesoro Nacional de destinar partidas presupuestarias para sostener económicamente los 2.500 kilómetros de asfalto concesionados. (Agencia OPI Santa Cruz)