Las cajas con afectación específica subejecutaron hasta el 44,2% de sus partidas para colocar $ 1,33 billones en títulos de deuda y sostener el esquema de déficit cero.
Los fondos fiduciarios que continúan operativos bajo la administración del presidente Javier Milei recaudaron más de $ 8,2 billones en los primeros dos años de mandato y acumularon un excedente financiero cercano a los US$ 3.000 millones. Los recursos, cuya asignación está fijada por ley para infraestructura pública y obras estratégicas, fueron derivados de manera sistemática a la compra de títulos de deuda para sostener el equilibrio fiscal fijado por la Casa Rosada.
Los registros de la Oficina Nacional de Presupuesto y la Jefatura de Gabinete confirman que el superávit de estas cuentas especiales sumó $ 1,86 billones en 2024 (US$ 1.978 millones) y $ 1,23 billones en 2025 (US$ 973 millones). La maniobra contable se sustentó en un esquema de subejecución: los fideicomisos utilizaron apenas el 55,8% de lo recaudado en 2024, el 69,5% a lo largo de 2025 y el 69,7% en el primer trimestre de 2026.
El saldo no devengado fue absorbido por el Ministerio de Economía mediante un cambio en la administración de los activos, que abandonó los depósitos a plazo fijo en el Banco Nación para destinarse a la compra directa de bonos y letras del Tesoro. Para el ejercicio corriente, las planillas presupuestarias prevén canalizar $ 1,33 billones hacia instrumentos financieros, lo que asegura a la cartera económica una liquidez extra de US$ 880 millones proveniente de estas cajas específicas.
El impacto del desvío de partidas en la obra pública nacional
Las proyecciones de consultoras y centros de estudios económicos estiman que la retención de recursos fiduciarios acumulará US$ 4.000 millones al completarse el tercer año de gestión. Sobre un universo de 29 fideicomisos vigentes o en etapa de liquidación técnica, la retención de giros afectó directamente a programas de hábitat, transporte y saneamiento hídrico.
El ajuste más pronunciado recayó sobre el Fondo de Integración Socio Urbana, donde el Poder Ejecutivo recortó las transferencias un 94%, generando la paralización total de 636 proyectos de infraestructura básica y soluciones habitacionales en barrios vulnerables. Un esquema idéntico rigió para el Sistema de Infraestructura del Transporte y el Fondo de Infraestructura Hídrica, donde las compras de instrumentos bursátiles del Tesoro superaron los desembolsos efectivamente liquidados para mantenimiento vial, pavimentación de rutas y obras de drenaje en el territorio nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)