El máximo tribunal declaró su competencia en el reclamo bonaerense contra la eliminación del subsidio al transporte automotor del interior y otorgó al Ejecutivo un plazo de dos meses para responder la demanda.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación asumió su competencia originaria para tramitar la demanda promovida por la Provincia de Buenos Aires contra el Estado Nacional, a raíz de la supresión de las partidas destinadas al transporte de pasajeros en el interior. El pronunciamiento procesal habilita la revisión judicial del cese del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros por Automotor Urbano y Suburbano del Interior del País, dispuesto por la administración federal.
El gobernador Axel Kicillof solicitó al tribunal la declaración de “invalidez, ineficacia e inoponibilidad jurídica” del comunicado del Ministerio de Economía de la Nación difundido en febrero de 2024, junto con la inconstitucionalidad del artículo 18 del DNU 280/2024, promulgado en marzo de ese año. El planteo bonaerense requirió una medida cautelar que intime a la gestión central a transferir las partidas adeudadas de forma “inmediata y efectiva”, adicionando los intereses correspondientes por la suspensión de las remisiones financieras.
La Corte Suprema intimó al Gobierno nacional
El máximo tribunal resolvió correr traslado formal de la acción al gobierno del presidente Javier Milei, otorgándole un plazo perentorio de 60 días para contestar las imputaciones vertidas en el expediente. El fallo emitido recientemente dispuso que la resolución sobre el pedido cautelar formulado por el gobierno bonaerense quedará supeditada al cumplimiento de esa respuesta oficial o al vencimiento legal de dicho término.
La presentación judicial provincial cuestionó que la eliminación del esquema compensatorio causó una “grave afectación para la previsibilidad presupuestaria provincial y los derechos de los usuarios del transporte público”, al encarecer el boleto de colectivos en los distritos del interior. En los fundamentos del reclamo, la fiscalía de Estado bonaerense sostuvo que la determinación federal “carece de los requisitos constitucionales”, además de señalar que “vulnera el principio de legalidad, la división de poderes y la lealtad federal, lo cual afecta gravemente la coordinación y cooperación intergubernamental”.
El instrumento financiero en litigio tuvo origen formal en 2018 a través de la Ley N.° 27.467, norma presupuestaria que fijó una partida inicial de $ 6.500.000.000 “para compensar los desequilibrios financieros” del servicio de transporte automotor situado fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires. El proceso continuará tramitándose ante los estrados del tribunal supremo a la espera del descargo que deberá remitir la representación legal del Poder Ejecutivo Nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)
