El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 1.900 millones de dólares contrasta con las protestas sociales, la salida de nueve ministros y el quiebre con el vicepresidente Edmand Lara.
Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, cumplió un año de gestión tras asumir el 8 de noviembre de 2025 con avances parciales frente a la crisis económica y el retorno al financiamiento externo, aunque bajo una creciente tensión política y social. Su llegada al poder abrió un nuevo ciclo tras dos décadas de gobiernos del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS).
El gobierno de Bolivia impulsó durante su primer año el retiro parcial de la subvención a los combustibles, el paso de un régimen cambiario fijo a uno flexible y un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para liberar créditos por 1.900 millones de dólares.
Analistas consultados por la agencia Xinhua señalaron que persisten la escasez de divisas, los problemas de abastecimiento de combustibles y la contracción económica. El experto en comunicación y analista económico Martín Moreira aseguró que la principal debilidad de la gestión fue la ausencia de una planificación sólida y de un modelo económico definido.
Moreira advirtió que la flexibilización cambiaria y el ajuste de las subvenciones afectaron el poder adquisitivo de la población, redujeron la confianza de los inversionistas y tensionaron las cuentas públicas. A su vez, el analista político y docente de la Universidad Mayor de San Andrés, Antonio Vargas, reconoció el retorno al financiamiento internacional, pero señaló una “gran dificultad para concretar las reformas” anunciadas, entre ellas las nuevas leyes de inversiones, hidrocarburos y minería.
Gobierno de Bolivia enfrenta bloqueos
El Gobierno de Bolivia afrontó casi un mes de conflictividad social durante el año, con sucesivas oleadas de bloqueos en enero y protestas en mayo y junio que paralizaron rutas estratégicas. Las manifestaciones provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos, además de afectar las conexiones de La Paz con otros departamentos.
El experto en políticas públicas Marcelo Romano indicó a Xinhua que solo el estado de excepción y los operativos de las fuerzas de seguridad permitieron despejar las carreteras y contener las protestas. Romano sostuvo que la prolongación de esa medida extraordinaria evidenció la fragilidad de la tregua y la falta de coordinación interna entre los ministros.
En el plano institucional, de los 14 ministros que asumieron al inicio del mandato solo cinco permanecen en funciones, mientras la estructura estatal se redujo de 17 a 12 carteras. Los relevos ocurrieron tras renuncias, destituciones y la censura parlamentaria al entonces ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, sumado al quiebre político con el vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró opositor a pocos meses de iniciada la gestión.
La administración de Paz Pereira sostiene que su primer año estuvo orientado al “ordenamiento” económico e institucional del país. El ministro de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Williams Bascopé, aseguró ante periodistas que el Ejecutivo enfrentó intentos de desestabilización y conflictos sociales mientras aplicaba cambios para corregir problemas heredados.
Entre los resultados reivindicados por el oficialismo figura la captura en marzo pasado del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y su posterior envío a Estados Unidos. Desde la oposición, el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) calificó el período como una oportunidad desaprovechada por la persistencia de prácticas del ciclo anterior, aunque valoró los ajustes cambiarios, el retiro parcial de subsidios y el pacto con el organismo multilateral.
Los sondeos de opinión pública reflejan una caída de 40 puntos porcentuales en la aprobación del Gobierno, al pasar del 65 % en noviembre de 2025 al 25 % en octubre de 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)
