(OPI TdF) – Bajo un total hermetismo, se realizó un allanamiento en el Juzgado de Instrucción número 1 de Rio Grande, a cargo del juez Raúl Sahade, con la finalidad de proceder al secuestro de equipos informáticos y toda documentación de interés en una causa donde el magistrado, está sospechado de cobrar por sentencias y de facilitar escritos a una abogada que tramitaba una causa en ese Tribunal.
La orden fue dispuesta por el juez de Instrucción 2, Daniel Cesari Hernández, a requerimiento del fiscal Mayor, Guillermo Quadrini, quien resolvió impulsar una instrucción penal, en base a los antecedentes que ganaron luz pública la semana pasada.
Sahade fue notificado de Derechos y Garantías, por lo que quedó imputado en la instrucción de la causa, lo cual complica más su situación frente a este grave escándalo, uno más que sacude al Poder Judicial de la provincia.
El caso contra el magistrado surgió a partir de lo decidido por los jueces Federico Vilella, Jorge Luis Jofré y Julián De Martino; integrantes de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones quienes dictaron una resolución en la que decidieron remitir copias certificadas de un expediente penal, ante las sospechas que recaen sobre el juez Sahade.
El expediente en cuestión es la causa 36.348 caratulado “Hernández Pablo Gastón s/Denuncia, Juzgado de Instrucción 1, Distrito Judicial Norte”. Las fojas sobre las que se hicieron copias certificadas son la 508 a la 525 y de las 550 y 551; donde están las partes pertinentes que hacen al objeto de la denuncia contra Sahade. Las sospechas sobre el accionar del Juez de Instrucción surgen a partir de una causa donde se investiga a una abogada de Río Grande, María Angélica Naveas Lagos, por el presunto cobro indebido de honorarios a un cliente suyo, que fue condenado por “homicidio culposo” a raíz de su participación en un incidente de tránsito. La vivienda de la abogada fue allanada en diciembre del año pasado, ocasión en que se procedió al secuestro de su teléfono celular, sobre el cual se dispuso una pericia y de allí surgió que la abogada (acusada en la causa) no solo mantenía contacto con su cliente sino que, además, intercambiaba mensajes de contenido polémico con el juez Sahade. (Agencia Tierra del Fuego)
