El gobierno encabezado por Javier Milei ha anunciado una medida que permite a las fuerzas federales recibir asistencia legal, patrocinio o defensa jurídica institucional en casos judiciales relacionados con el ejercicio de sus funciones. Esta disposición, formalizada mediante la Resolución 159/2024 y publicada en el Boletín Oficial, marca un cambio significativo en la política de apoyo legal a los miembros de la Gendarmería, la Prefectura Naval, la Policía Federal y el Servicio Penitenciario Federal.
La resolución establece que estas fuerzas brindarán apoyo legal a su personal en situación de actividad o retiro, en línea con sus respectivas normas estatutarias, en casos judiciales derivados del ejercicio de sus funciones o del cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Sin embargo, se especifica que esta asistencia no se aplicará en casos que evidencien una violación clara de los deberes y obligaciones propios del estado policial, militar o penitenciario.
La derogación de la Resolución 477/2023, promulgada durante la gestión de Alberto Fernández, se justifica en base a que esta medida restringía excesivamente el derecho a la defensa del personal policial y de seguridad federal, contraviniendo normativas estatutarias y compromisos internacionales de Argentina. El gobierno de Milei argumenta que la gestión anterior limitó injustamente el apoyo institucional a los miembros de estas fuerzas en situaciones judiciales.
Como resultado, se otorga un plazo de dos meses para que las fuerzas federales dicten las normas reglamentarias correspondientes y apliquen la nueva resolución. Esta decisión marca un cambio significativo en la política de apoyo legal a los agentes de seguridad federal, priorizando el respeto a sus derechos y garantizando una defensa adecuada en casos derivados de sus funciones. (Agencia OPI Santa Cruz) Con información de NA
