(OPI TdF) – La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones del Distrito Judicial Sur de Tierra del Fuego resolvió declarar la nulidad de dos actuaciones clave en la causa que investiga al juez de Cámara Andrés Leonelli por presunta tenencia de material sensible, a partir de una denuncia elevada por la empresa Google. Como parte de la resolución, el tribunal también ordenó la restitución de uno de los dispositivos electrónicos secuestrados durante el proceso.
Según explicó el abogado defensor del magistrado, Gustavo Ariznavarreta, la denuncia tuvo origen en una serie de imágenes detectadas por Google, pero que —según la documentación aportada— correspondían a una investigación judicial iniciada en 2016 en Río Grande, cuando Leonelli ejercía como juez de instrucción. En aquella causa, impulsada por una denuncia de la organización Missing Children y canalizada a través de la Fiscalía Especializada a cargo de la Dra. Daniela Dupuy en Buenos Aires, se había recibido un total de 53 fotografías identificadas con códigos, las cuales fueron incorporadas como prueba.
Ariznavarreta sostuvo que estas imágenes estaban siendo examinadas en el despacho de Leonelli como parte de su labor judicial y que, al asumir posteriormente el cargo de juez de Cámara en Ushuaia, el magistrado realizó una copia de respaldo que incluyó material técnico de trabajo, sentencias y documentación vinculada a causas previas. Ese respaldo fue trasladado a su nueva computadora, donde se encontró el contenido objetado.
El defensor cuestionó con firmeza el accionar judicial que motivó el secuestro no solo de los dispositivos laborales de Leonelli, sino también de los teléfonos móviles y equipos pertenecientes a su entorno familiar. A su entender, hubo una “extralimitación” por parte de la Justicia, y comparó la actuación en este caso con otra investigación similar que involucró a personal policial de la provincia. En esa causa, destacó, no se ordenaron allanamientos ni decomisos al constatarse que el material tenía origen en una investigación oficial.
“Esto refleja una asimetría difícil de explicar desde lo actitudinal de la jurisdicción”, expresó Ariznavarreta, quien alertó sobre el impacto que la causa ha tenido en la vida personal y profesional del juez Leonelli. “No es que una causa se cierra y el buen honor está a salvo. Vivimos en una comunidad pequeña donde se dicen barbaridades. El proceso penal trasciende al interés del Estado en perseguir un delito. Detrás de todo hay personas que tienen vida”, agregó.
Respecto a los próximos pasos, el letrado consideró que lo “lógico” es avanzar hacia el cierre definitivo de la causa, mediante el rechazo de la acción penal, como ya ocurrió en el caso del personal policial. Según indicó, esa decisión estaría respaldada por el informe del propio Juzgado de Instrucción de Río Grande, que le restó entidad penal a la tenencia del material en cuestión. (Agencia OPI Tierra del Fuego)