El Gobierno presentó este jueves una apelación formal contra el fallo judicial de la jueza Loretta Preska que lo obliga a transferir su participación mayoritaria del 51% en la petrolera YPF, en el marco de la causa iniciada por los fondos especulativos Burford Capital y Eton Park por la expropiación de la compañía en 2012, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
El fallo, emitido el 30 de junio por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, estableció que la Argentina debía transferir sus acciones clase D de YPF al Bank of New York Mellon (BNYM) dentro de los 14 días posteriores a la orden. La decisión se enmarca en una sentencia previa que obliga al país a pagar 16.100 millones de dólares a los fondos demandantes, que alegan que la expropiación fue ilegal y violó compromisos contractuales.
Tras la presentación de la apelación, la jueza Preska convocó a las partes a una instancia de negociación, según informó el especialista Sebastián Maril, director de Latam Advisors. El encuentro busca destrabar el litigio relacionado con la entrega de información clave solicitada por los fondos, que intentan demostrar la existencia de un “alter ego” entre el Estado argentino e YPF, es decir, que ambas entidades funcionan como una sola.
Este concepto legal es central para el reclamo de los fondos, ya que si logran probar que el Estado ejerce un control directo sobre la petrolera y otras empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central (BCRA), se ampliaría el alcance de la sentencia y se habilitarían posibles embargos sobre activos soberanos en el exterior.
El Gobierno nacional ya había adelantado que, incluso si quisiera cumplir con el fallo, no podría ceder las acciones de YPF sin la intervención del Congreso, tal como lo establece la legislación vigente. La postura oficial apunta a defender la autonomía jurídica de la compañía y a evitar un precedente que comprometa otras empresas estatales.
La disputa judicial se remonta a la nacionalización de YPF, cuando el Estado argentino adquirió en 2012 la participación mayoritaria que estaba en manos de la española Repsol. La demanda de Burford Capital se basa en supuestas omisiones del Estado al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) al resto de los accionistas, como exigía el estatuto de la compañía.
Ahora, con la causa en una nueva etapa, la defensa argentina insiste en que el fallo no solo vulnera la soberanía del país, sino que podría tener implicancias graves sobre la política energética y la administración de activos públicos estratégicos. (Agencia OPI Santa Cruz)