La jueza del distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, definirá el próximo lunes 14 de julio si concede a la República Argentina la suspensión de la sentencia que obliga al país a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes por la expropiación de la petrolera. La decisión judicial se espera en el marco del litigio iniciado por Burford Capital y Eton Park, firmas que adquirieron los derechos de litigio y buscan ejecutar la sentencia dictada en septiembre de 2023.
La información fue confirmada por el analista Sebastián Maril, quien sigue de cerca la evolución del caso en tribunales estadounidenses. Mientras se aguarda el pronunciamiento de Preska, este jueves el Gobierno argentino presentó formalmente la apelación del fallo ante la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. En esa instancia, el país solicitó que se revoque la decisión que le impone entregar parte del paquete accionario mayoritario de YPF, controlado desde su expropiación en 2012.
Entre los principales argumentos de la apelación, la defensa argentina sostiene que la orden judicial infringe el derecho federal de Estados Unidos y vulnera la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (Foreign Sovereign Immunities Act, FSIA), que protege a los Estados nacionales de la ejecución forzada de sentencias en determinadas condiciones. Asimismo, la presentación advierte que se estaría frente a un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”, cuestionando que un tribunal estadounidense intente ejecutar medidas sobre bienes soberanos situados fuera de su jurisdicción.
El documento también recuerda la postura adoptada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, que en su momento emitió una Declaración de Interés a favor de Argentina, interpretada por el país como un respaldo institucional a su reclamo. De persistir un fallo desfavorable, la estrategia legal contempla llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. (Agencia OPI Santa Cruz)