(OPI TdF) – El Gobierno de Tierra del Fuego ha formalizado un esquema de saneamiento financiero que comprometerá las cuentas públicas durante los próximos tres años y medio. En una maniobra destinada a regularizar el pasivo histórico con el sistema previsional, el Poder Ejecutivo firmó un convenio con la Caja de Previsión Social (CPSPTF) para cancelar una deuda que, al corte del 18 de diciembre de 2025, asciende a la suma de $59.350.728.125.
Este acuerdo no es un simple trámite administrativo; representa una afectación directa de los recursos más sensibles de la provincia. Para garantizar el cumplimiento, se ha establecido un mecanismo de débito automático que tocará la columna vertebral de los ingresos fueguinos: la Coparticipación Federal y las Regalías hidrocarburíferas.
El esquema de pago: 42 meses de presión fiscal
Desglosamos la letra chica de un acuerdo que ata de manos a la tesorería provincial para evitar el colapso de la Caja:
- El Monto: La deuda consolidada supera los 59 mil millones de pesos.
- El Plazo: Se abonará en 42 cuotas mensuales y consecutivas. Esto proyecta la finalización de los pagos hasta mediados de 2029.
- La Cuota: Cada desembolso tendrá un capital nominal de $1.413.112.574,42. Sin embargo, el costo real será mayor, ya que se le aplicará una tasa de interés variable atada al plazo fijo del Banco Tierra del Fuego (BTF).
Garantía de Hierro: El rol del BTF
Lo distintivo de este convenio es la pérdida de discrecionalidad del Ejecutivo para realizar los pagos. Se ha instruido al Banco Tierra del Fuego para que actúe como agente de retención inflexible.
El día 15 de cada mes, el Banco debitará automáticamente los fondos de las cuentas de la provincia. Si el dinero en caja no alcanza, la entidad financiera está autorizada a tomarlo de los ingresos por coparticipación o regalías en cuanto entren.
Dato Técnico: El acuerdo funciona como “autorización suficiente”. No se requiere una nueva orden administrativa cada mes. El “goteo” de fondos hacia la Caja será automático e inapelable.
Cláusula de Caducidad y Revisión
El documento firmado mantiene una ventana de revisión de 60 días donde los montos podrían ajustarse si surgen diferencias contables. Sin embargo, el punto más crítico es la cláusula de caducidad:
Si el Gobierno falla en el pago de dos cuotas (sean consecutivas o alternadas), el plan se cae automáticamente. Esto habilitaría a la Caja de Previsión Social a iniciar acciones judiciales inmediatas por la totalidad de la deuda restante, más intereses punitorios.
Esta condición impone una disciplina fiscal forzosa a la administración provincial, que no podrá usar estos fondos para gastos corrientes ni obra pública, bajo pena de enfrentar un juicio millonario que pondría en jaque las finanzas estatales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)
