La Justicia Nacional del Trabajo suspendió hoy de forma provisoria más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802). El fallo judicial responde a una medida cautelar que presentó la CGT para paralizar los tramos centrales de la normativa que el Congreso sancionó el pasado 27 de febrero. Los magistrados advirtieron una posible afectación de derechos constitucionales y un riesgo de perjuicio inminente para la masa salarial del país.
Jorge Alberto Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, integrantes del triunvirato de la central obrera, firmaron el texto que logró frenar la aplicación de la reforma. El juzgado laboral fundamentó su decisión en la necesidad de resguardar la paz social hasta que exista una sentencia definitiva. La resolución judicial indica que la aplicación inmediata de las normas podría producir una ruptura irreversible en los derechos laborales adquiridos por los trabajadores argentinos.
El juez Ojeda sostuvo que la cautelar posee fundamentos sólidos basados en la verosimilitud del derecho. La CGT acreditó legitimación activa para impugnar los artículos que vinculan directamente los derechos de sindicalización, huelga y negociación colectiva. Según se desprende del fallo, el tribunal busca evitar que la vigencia de la Ley 27.802 altere las prestaciones reguladas por las leyes previas antes de un debate jurídico más profundo sobre su validez constitucional.
Cristian Jerónimo, cosecretario general de la CGT, calificó la resolución como un acto de defensa ante una redacción que definió como maliciosa. El dirigente gremial recordó que la central obrera impulsó un paro nacional, tres movilizaciones y cuatro paros generales contra las políticas de la actual administración. La conducción sindical sostiene que el articulado de la ley contradice los preceptos de la Constitución Nacional y calificó la estrategia oficialista como un planteo alocado.
La dirigencia sindical apuntó también contra los gobernadores y legisladores que brindaron el apoyo parlamentario necesario para sancionar la ley. Jerónimo denunció que muchos mandatarios provinciales incumplieron la palabra empeñada al votar una norma que afecta de forma directa al sector trabajador. El proceso judicial continuará ahora con el análisis de las disposiciones cuestionadas para determinar si la Ley de Modernización Laboral respeta o vulnera el ordenamiento jurídico superior de la Nación. (Agencia OPI Santa Cruz)
