Una red de prestadores operaba con órdenes falsas y sobreprecios de hasta el quíntuple del valor real. La auditoría comprobó desvíos de fondos públicos en cuatro distritos y cobros ilegales a los jubilados en moneda extranjera.
El PAMI detectó un esquema sistemático de defraudación al Estado mediante prestaciones oftalmológicas y ópticas en Santiago del Estero, Buenos Aires, Entre Ríos y La Rioja. La maniobra incluye sobrefacturación masiva, consultas inexistentes y cobros indebidos a los afiliados, según arroja el cruce de datos del sistema de Órdenes Médicas Electrónicas (OME) y las inspecciones prestacionales de la obra social.
Los auditores identificaron al menos cinco modalidades delictivas. La práctica central consiste en recetar lentes de baja graduación y facturar módulos de alta complejidad. Un informe difundido por el medio Infobae detalla que el organismo abonaba $27.204 por un producto cuyo valor real en el sistema asciende a $4.941.
Las clínicas y profesionales también ejecutaron la modalidad de consultas fantasma. Hasta un 50% de las órdenes médicas emitidas carecía de cualquier tipo de respaldo clínico. Los especialistas cobraban honorarios por estudios que nunca practicaron sobre los pacientes.
Los comercios ópticos llegaron a exigir pagos directos a los jubilados por artículos incluidos en la cobertura gratuita. Los relevamientos comprobaron que diversos afiliados abonaron hasta USD 1.500 más $353.500 extras por anteojos que el Estado ya garantizaba sin costo.
En la provincia de Santiago del Estero, los inspectores confirmaron 606 expedientes adulterados. El perjuicio económico al erario público rozó los $10,4 millones. Los investigadores probaron además un vínculo familiar directo entre el médico que firmaba las derivaciones y el dueño del local óptico.
Los registros en Entre Ríos arrojaron 613 episodios de sobrefacturación. Los especialistas calificaron la maniobra local como una facturación sin sustento médico real, luego de hallar cientos de recetas emitidas sin especificar las dioptrías de los pacientes.
El rastreo profundo sobre el sistema OME traccionó al menos seis causas judiciales que hoy tramitan en los tribunales federales. “Esta gestión no encubre, investiga y denuncia. Hay un mandato claro de sanear el sistema y erradicar los abusos”, aseguraron fuentes oficiales del instituto.
Uno de los expedientes penales más avanzados tramita en la ciudad de Rafaela, Santa Fe. La justicia solicitó elevar a juicio oral a un médico y a una farmacéutica acusados de confeccionar 636 prescripciones apócrifas. Los peritos informáticos rastrearon las direcciones IP y demostraron que las recetas electrónicas salían de las computadoras ubicadas dentro del domicilio comercial de la propia farmacia implicada.
Las anomalías del sistema incluyeron volúmenes de atención materialmente imposibles. Un médico cardiólogo facturó 689 órdenes médicas en un solo día. La concreción de todas esas consultas demandaría jornadas de 108,7 horas diarias.
El titular del organismo, Esteban Leguízamo, ordenó las auditorías preventivas tras recibir la administración con un rojo financiero de 92.000 millones de pesos. La actual gestión aplicó un torniquete presupuestario y recortó aproximadamente 90.000 millones de pesos en gastos políticos e innecesarios.
La gerencia eliminó gran parte de la estructura jerárquica y centralizó la compra de insumos médicos para bloquear la cartelización de los proveedores. El organismo aplica ahora controles estrictos y monitorea permanentemente las operaciones comerciales para direccionar los fondos exclusivamente hacia los beneficiarios. (Agencia OPI Santa Cruz)
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