(OPI TdF) – La normativa ministerial fija vigencia para el 15 de diciembre de 2026 y habilita el ingreso de piezas terminadas del exterior, mientras el Municipio capitalino demanda participación en el esquema financiero militar.
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y el intendente de Río Grande, Martín Perez, cuestionaron las determinaciones recientes del Poder Ejecutivo Nacional sobre soberanía y régimen manufacturero. Ambos mandatarios comunales reclamaron precisiones operativas ante las decisiones que la administración central adoptó sin abrir mesas de concertación con los distritos locales.
Diez años de avance petrolero foráneo y explotación pesquera británica sustentan la advertencia de Ushuaia, donde las autoridades locales demandan detalles sobre la Base Naval Integrada. Vuoto requirió información documental sobre los fondos presupuestarios asignados y remarcó la ausencia de convocatorias oficiales hacia el Municipio para analizar el desarrollo del proyecto.
En la capital fueguina, el jefe comunal recordó que el exministro de Defensa Jorge Taiana colocó la piedra fundamental en 2022 antes de la paralización de las obras. “Estamos de acuerdo con que tiene que haber mayor presencia de la Armada Argentina, que es quien se encarga de la logística antártica. Estamos de acuerdo con una base integrada que, además, genere o amplíe la matriz productiva de la ciudad“, afirmó Vuoto.
El debate por las tierras militares y la logística antártica
Desde la colocación de la piedra inaugural, la administración municipal aguarda especificaciones técnicas sobre el impacto que las instalaciones causarán en el ejido urbano. Vuoto condicionó el acompañamiento institucional al futuro tratamiento parlamentario: “Hay que ver la letra fina, lo que se va a discutir en la ley que manda al Congreso” aseguró el intendente, en referencia al uso del suelo de la Armada Argentina.
El referente del espacio Provincia Grande, Martín Perez, apuntó contra la reforma del esquema productivo que la presidencia de Javier Milei fijó para los acondicionadores de aire. El mandatario riograndense vinculó la soberanía del Atlántico Sur con la continuidad operativa de las fábricas y rechazó la autorización de componentes armados provenientes del mercado internacional.
En Río Grande, los establecimientos manufactureros enfrentan una reducción de procesos industriales que compromete la estabilidad laboral de la zona norte. “Fortalecer el Atlántico Sur también es que los fueguinos tengan trabajo. No podemos separar la defensa de nuestra soberanía del desarrollo de Tierra del Fuego y de las posibilidades concretas de nuestra gente de vivir, trabajar y proyectar su futuro acá“, sostuvo Perez.
La modificación del régimen fabril bajo la Resolución 351/2026
El 15 de diciembre de 2026 comenzará a regir la Resolución 351/2026, instrumento oficial que altera la secuencia técnica para certificar el origen fueguino de los acondicionadores de aire. Según el análisis documental de OPI, la norma permite la importación de piezas ya ensambladas y establece un período transitorio para que las empresas radicadas adecuen sus líneas de montaje al nuevo estándar.
Miles de empleos industriales perdidos sustentan la alerta del Ejecutivo de Río Grande ante la flexibilización de las exigencias fabriles locales. “¿Qué significa? Menos puestos de trabajo en Tierra del Fuego, menos etapas de fabricación en nuestras plantas y una menor participación de nuestra industria en el producto final” sentenció el intendente de Río Grande. (Agencia OPI Tierra del Fuego)