(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – El gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, mantiene una postura oscilante y de cautela política ante las presiones del gobierno nacional de Javier Milei, sectores empresariales y sindicatos para habilitar la explotación minera en la provincia.
Su principal dilema radica en la necesidad de generar inversiones y puestos de trabajo frente al rotundo rechazo social de la población de Chubut hacia la megaminería metalífera.
Las dudas y la estrategia de Ignacio Torres
Para balancear el conflicto entre el desarrollo económico y la resistencia social, el mandatario provincial ha estructurado su discurso en torno a varios ejes como son la condición de la “licencia social” ya que en reiteradas apariciones públicas (como en el foro AmCham Energy), Torres ha afirmado categóricamente que no le teme a discutir la minería, pero advierte que cualquier avance debe contar estrictamente con el aval de las comunidades locales y evitar errores del pasado, haciendo referencia al masivo “Chubutazo” de 2021. No es para menos, Torres enfrenta la disyuntiva entre someterse a las exigencias de los centros económicos y la impopularidad de desconocer lo que pide la sociedad chubtense.
El gobernador hace esfuerzos para lograr el distanciamiento de la megaminería tradicional y ante la presión, Torres aclara con frecuencia que la histórica Ley 500q, que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro “no se toca”. Su enfoque para reactivar la matriz productiva se desvía de los metales tradicionales hacia otros sectores mineros y energéticos. ¿Hasta cuándo Torres podrá resistir?.
La apuesta al uranio y arenas silíceas son su norte. La estrategia de su administración consiste en impulsar la extracción de uranio, bajo la premisa de que posee métodos de extracción que no violan la Ley 5001 y la explotación de arenas silíceas para abastecer el fracking en Vaca Muerta, catalogándolo como un sector que genera empleo sin utilizar los químicos prohibidos. La experiencia en esa materia deja serias dudas que ambas actividades sean menos nocivas que la megaminería.
Los frentes de presión
La gestión de Javier Milei presionan fuertemente a las provincias para que sancionen normativas favorables y adhieran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), buscando potenciar las exportaciones y la recaudación de divisas, por su parte los gremios fuertes de la provincia, como Camioneros y la UOCRA, exigen de forma abierta que se debatan alternativas mineras debido a la crítica situación laboral provocada por el declive de las cuencas petroleras tradicionales en el Golfo San Jorge.
Asambleas Socioambientales y Comunidad: Organizaciones vecinales como No a la Mina, asambleas socioambientales y la comunidad en general, acusan a Torres de mantener un “doble discurso”. Denuncian que mientras en la provincia evita confrontar abiertamente con la militancia ambiental, promociona el potencial minero y de uranio chubutense ante inversores en foros internacionales de Nueva York y París.
El gobernador Torres se encuentra atrapado en una encrucijada institucional: por un lado, busca presentarse como un líder “pro-desarrollo” capaz de atraer capitales internacionales; por el otro, reconoce que avanzar sin consenso popular podría desencadenar un nuevo escenario de conflictividad social inmanejable en el territorio. (Agencia OPI Chubut)