El esquema tributario alcanzará compromisos vencidos al 30 de septiembre de 2026 bajo la modalidad de pago al contado, con reducciones graduales en penalidades y la exclusión taxativa para agentes de retención.
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos (ASIP) oficializó el miércoles 28 de octubre la puesta en marcha de un régimen excepcional de regularización de deudas para el Impuesto de Sellos, tras su promulgación en el Boletín Oficial. La disposición provincial alcanza a las obligaciones tributarias impagas devengadas hasta el 30 de septiembre de 2026, comprendiendo pasivos que tramitan tanto en la órbita administrativa de Río Gallegos como expedientes radicados en litigio judicial.
El programa financiero regirá desde el 1° de noviembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027 inclusive para contribuyentes y responsables solidarios. La normativa contempla la remisión de intereses resarcitorios y punitorios, sumada a la condonación íntegra de las sanciones previstas en el Código Fiscal. Para acceder a los porcentajes de reducción, los administrados deben consolidar la deuda total a la fecha de ingreso y procesar la solicitud formal en la plataforma digital del organismo recaudador.
El acogimiento individual exige la modalidad de pago al contado bajo un cronograma que premia la cancelación temprana antes del cierre del ejercicio financiero. Quedan expresamente marginados de cualquier beneficio los agentes de recaudación, retención o percepción fiscal. Asimismo, la normativa fija que la presentación ante el fisco acarrea la renuncia automática e irrevocable a cualquier reclamo o derecho de repetición posterior por los fondos cancelados.
Escala de descuentos de la ASIP
La Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos estableció una tabla decreciente de beneficios según el mes de cancelación efectiva dentro del territorio de Santa Cruz:
| Período de pago contado | Remisión de intereses y multas |
| Noviembre de 2026 | 100% |
| Diciembre de 2026 | 80% |
| Enero de 2027 | 60% |
En aquellos contribuyentes concursados o con quiebra bajo explotación comercial, la validación del trámite demanda la previa conformidad del síndico y del juzgado actuante. Frente a litigios tributarios activos, el requirente debe formalizar su allanamiento y cancelar sin quita la tasa de justicia, costas y honorarios de los apoderados del Estado. La falta de pago o el incumplimiento de los recaudos fijados anula el plan, pero sostiene la vigencia del trámite como reconocimiento irrevocable de la deuda ante la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)
