21/09 – 10:20 – El magistrado, a cargo del escándalo de Petrobras, recibió formalmente la denuncia presentada por la Fiscalía. El ex presidente es acusado de aceptar coimas por parte de una constructora.
El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del gigantesco escándalo de ilícitos cometidos en la petrolera estatal Petrobras, aceptó ayer la denuncia por corrupción y lavado de dinero contra el ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y de esa manera lo convirtió por primera vez en reo público en este histórico y enredado proceso.
“Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia” presentada por la Fiscalía, señaló el magistrado en un escrito que hizo llegar a la prensa.
La Procuraduría General inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 1.100.000 dólares de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.
Lula “sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras”, afirma el texto de Moro, citando a la fiscalía. La acusación sostiene que una empresa de OAS proporcionó a Lula “parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras”.
Los sobornos se transfirieron “mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá”, en el litoral paulista. La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras seis personas. Lula siempre negó terminantemente ser el propietario de ese tríplex.
Ahora el ex presidente y fundador del Partido de los Trabajadores (PT) quedará por primera vez cara a cara con Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba, admirador del caso “Mani Pulite” en Italia.
Las investigaciones de Moro en el marco de la operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre el escándalo Petrobras pusieron en la mira a decenas de parlamentarios y enviaron a prisión a políticos y empresarios de la élite local.
Lula, de 70 años, es acusado además por la fiscalía de ser el “comandante máximo” del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal, aunque esa denuncia no dio lugar hasta el momento a ningún pedido formal de inculpación.
Aun así, el caso volvió a sacudir al país, cuya población se encuentra dramáticamente dividida a dos semanas de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula. Esta causa, además, se da en momentos en que Lula pensaba presentarse como candidato en las elecciones de 2018. (Clarín)
