14/12 – 10:05 – El fiscal Marijuan impulsó una denuncia por la inclusión de familiares en el beneficio; la medida alcanza a Peña y a Prat-Gay
Por: Hernán Cappiello
Mauricio Macri sumó otro problema judicial. Una denuncia opositora se convirtió ayer en un nuevo expediente penal en su contra: el Presidente y parte de su gabinete quedaron imputados por haber firmado un decreto que extiende los beneficios del blanqueo de capitales a familiares de funcionarios públicos.
La denuncia, que además de a Macri abarca al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay, fue impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan. Se investiga si los funcionarios incurrieron en el delito de abuso de autoridad.
Peña ayer mismo defendió la media del Gobierno. En una conferencia de prensa que ofreció en el Centro Cultural Kirchner tras una reunión de Gabinete ampliada, encabezada por Macri, el Peña sostuvo que el Gobierno tiene “una enorme tranquilidad sobre la acción planteada”.
“Tenemos toda la tranquilidad del mundo en cualquier discusión que se dé con la Justicia”, aseveró el jefe de ministros ante una consulta de la prensa acerca de la imputación de Marijuan, que trascendió públicamente en el mismo momento en que se desarrollaba la conferencia de prensa posterior al encuentro del Presidente con sus colaboradores en el CCK.
En el dictamen de Marijuan, entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal consideró que debe ser impulsada una pesquisa en base a una denuncia penal presentada días atrás por la diputada Victoria Donda, de Libres del Sur.
Además, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió una serie de medidas de prueba relativas en su mayoría a certificar documentación, como por ejemplo las actas del debate parlamentario durante la aprobación de la ley de blanqueo y el posterior decreto 1206/2016, objeto de la denuncia, según explicaron fuentes judiciales.
Marijuan sostuvo que debe investigarse a los “mencionados en la denuncia” de Donda -el Presidente, Peña y Prat-Gay- en el dictamen que llegó al juzgado de Lijo anteayer al cierre del horario judicial y que se conoció ayer.
Polémica ampliación
El decreto cuestionado dispuso la ampliación del alcance del blanqueo a familiares directos: cónyuges, padres e hijos emancipados menores de edad de funcionarios públicos.
El texto de la denuncia advierte que el decreto “contradice explícitamente la ley 27.260 que aprobó el Congreso con relación al blanqueo de capitales, porque prohíbe el ingreso de familiares al mismo”.
En su dictamen, Marijuan tomó la denuncia de la diputada y entendió que debe impulsarse la investigación.
“Es inconcebible que el Poder Ejecutivo haya redactado un decreto que modifica el decreto que reglamenta la ley que se aprobó en el Congreso, cuando la misma plantea claramente que los familiares de funcionarios públicos no pueden participar de la operación”, sostuvo la legisladora en su denuncia.
Como es de rigor, ahora será el juez Lijo el que deberá resolver, a la luz de lo dictaminado por el fiscal Marijuan, si da inicio formal a una investigación y solicita medidas de prueba o si desestima la denuncia.
Esta presentación de Victoria Donda se suma a otra realizada por su par la diputada nacional María Emilia Soria, del Frente para la Victoria. La legisladora sostuvo que quiere que se investigue la posible comisión por parte del Poder Ejecutivo del delito de abuso de autoridad, contemplado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación.
La diputada cree que el decreto pretende “otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales”.
Por eso pidió “indagar a los sospechosos, se los sujete a proceso, se los enjuicie y se los sancione jurisdiccionalmente”. (La Nación)
