21/04 – 10:20 – El documento lo entregará este viernes. Tiene datos sobre la sospechosa compra del edificio para la Procuración.
Por: Lucio Fernández Moores
A través de sus colaboradores, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, presentará este viernes en el Congreso toda la documentación relacionada con la polémica compra de un edificio para la institución hace tres años y se pondrá a disposición de los legisladores para declarar cuando ellos la convoquen. Igualmente, la funcionaria designada durante el gobierno kirchnerista hizo trascender a través de allegados que no piensa en renunciar a su cargo.
“De ninguna manera voy a renunciar”, dijo Gils Carbó a sus allegados. Ella atribuye las denuncias en su contra por la compra del edificio a una supuesta campaña de “persecución y disciplinamiento” por parte del Gobierno hacia la Justicia.
En la Procuración trabajaban ayer para completar toda la documentación que finalmente enviarán el viernes a primera hora a la comisión bicameral de seguimiento y control del Ministerio Público de la Nación. La documentación incluirá una copia de todo el expediente administrativo sustanciado en torno a al compra del edificio de Perón 667, en pleno centro porteño.
Pero además incluirá, según las fuentes consultadas por Clarín, las explicaciones de la procuradora y las actuaciones llevadas a cabo luego que trascendiera en las últimas semanas las voluminosas comisiones “pagadas por privados”, según destacaron, para esa compra. Esto incluye el sumario abierto contra el ex subdirector general de la Procuración Guillermo Bellingi.
De acuerdo con esas fuentes, Gils Carbó ya les había adelantado telefónicamente el miércoles a referentes de los principales bloques parlamentarios su intención de acudir ante la bicameral para dar explicaciones sobre la adquisición del edificio de la polémica y motivo, incluso, de una causa penal.
El tema es si la procuradora responderá, además, al amplio temario propuesto ayer por un grupo de legisladores del oficialismo, que va desde las designaciones de fiscales para cargos que finalmente no ocupan, el traslado de éstos a otros puestos de mayor relevancia, “eventuales desmanejos presupuestarios” y un supuesto “ejercicio arbitrario del poder de disciplina”, entre otras cuestiones. (Clarín)
