13:00 Un plenario de comisiones en el Senado analizó el proyecto que fija la obligatoriedad de la bancarización; afirman que el sistema actual tiene poca transparencia
Por: Gustavo Ybarra
Aportes privados sí, pero con transparencia, bancarización y seguimiento de todo el proceso. Con las revelaciones de los cuadernos de las coimas y las irregularidades en la campaña bonaerense de Cambiemos como telón de fondo, jueces y representantes de organizaciones no gubernamentales apoyaron ayer en el Senado el levantamiento de la prohibición a personas jurídicas de aportar al financiamiento de las campañas electorales.
Si bien quedan algunos puntos centrales por definir, como el tope de aportes para una misma persona jurídica sobre el total de gastos proselitistas, la modificación a la ley de financiamiento de los partidos políticos parece bien encaminada para alcanzar la aprobación del Senado en las próximas semanas.
“Creo que vamos a poder tener aprobado el proyecto antes de fin de año”, afirmó Dalmacio Mera (PJ-Catamarca), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Los aportes privados a las campañas electorales fueron prohibidos por ley en 2009, como una respuesta del gobierno de entonces a la derrota de Néstor Kirchner, a manos del empresario Francisco de Narváez, en las elecciones legislativas de ese año.
Luego de varias reuniones entre Mera y el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, y entre asesores de los senadores para avanzar en la búsqueda de consenso políticos, la discusión tomó ayer estado público con las exposiciones de los invitados a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
“Estamos de acuerdo con que las personas jurídicas privadas aporten a las campañas”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional Electoral, Alberto Dalla Via, quien fundamentó su postura en favor de un sistema mixto de financiamiento, al recordar que la Constitución establece que el Estado contribuirá, y no que sustentará, al sostenimiento de los partidos políticos.
No al dinero en negro
A su lado, el vicepresidente del tribunal, Santiago Corcuera, avaló esa postura. “Sabemos que el aporte [privado] existe igual; por eso nos inclinamos por un régimen de transparencia”, opinó.
Corcuera retomó, así, la idea que había planteado Dalla Via unos minutos antes, cuando apoyó la necesidad de establecer la bancarización de los aportes “por razones obvias, que vemos en la actualidad”. Tocó así, de soslayo, el financiamiento electoral con dinero en negro del kirchnerismo, que ha dejado al descubierto la causa de los cuadernos de las coimas. “El dinero en efectivo es el más difícil de seguir”, agregó Dalla Via.
El magistrado no quiso opinar sobre el límite a los aportes privados (“esa es una decisión de esta casa”, dijo), pero hizo hincapié en reclamar que la nueva reglamentación establezca sanciones más firmes para candidatos y responsables de las campañas y límites más rígidos para la publicidad oficial, para lo cual citó los abusos cometidos en el programa Fútbol para Todos.
Se trata del denominado efecto “cancha inclinada”, del que antes había advertido Alan Clutterbuck, de Red de Acción Política, quien destacó que el actual sistema tiene “bajos niveles de transparencia en la rendición” de los gastos y alertó sobre el uso de fondos y bienes del Estado por parte de los oficialismos en la campaña.
También cuestionó por “flojo” el capítulo de sanciones vigente. En ese sentido, dijo que los castigos monetarios “no generan incentivo para cambiar comportamientos” poco transparentes. “Tiene que impactar donde le duele al sistema político”, reclamó.
Por su parte, la directora de Cippec, Julia Pomares, aseguró que “gran parte del financiamiento proviene de fuentes no permitidas”, entras las que mencionó a las personas jurídicas y los fondos públicos. “La Argentina es hoy uno de los países con legislación más laxa sobre cómo regulamos los recursos públicos, ya que hay evidencia empírica para decir que los oficialismos corren con ventaja”, agregó.
En sintonía con sus antecesores, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, destacó la necesidad de que el nuevo sistema refuerce los mecanismos de transparencia de los aportes y avaló el reclamo de los jueces de la Cámara Nacional Electoral sobre permitir la intervención de la AFIP en el seguimiento de la trazabilidad de los fondos.
“Prohibir los aportes de las empresas privadas es ridículo”, afirmó Ferreira Rubio, quien manifestó su rechazo a que se mantenga la facultad del Ministerio del Interior de realizar “aportes extraordinarios” en las campañas.
Por último, la investigadora Liliana De Riz, del Conicet, defendió la trazabilidad de los aportes y reclamó la rendición “online” de los fondos, como forma de facilitar el control ciudadano de los gastos de campaña. (La Nación)
