Tras 12 semanas de conflicto, solo el 10% de la gente tiene una valoración positiva del presidente
El estallido social que comenzó en octubre pasado sigue sacudiendo la política de Chile. Tras la crisis, la aprobación del presidente, Sebastián Piñera, volvió a caer a un mínimo histórico del 10% y el 62% de la población apoya la continuidad de las movilizaciones.
La aprobación a Piñera, que asumió su segundo mandato en marzo de 2018, cayó tres puntos con respecto a la semana pasada, mientras que la desaprobación subió dos puntos y se ubicó en un 82%, en la segunda encuesta del año que hizo la consultora Plaza Pública-Cadem.
El sondeo fue realizado entre el 8 y 10 de enero y reveló que tras 12 semanas del inicio de la crisis social, el 62% de los consultados está de acuerdo con la continuidad de las movilizaciones, que aún continúan en algunos puntos del país. En contrapartida, hay un 36% que está en desacuerdo con la persistencia de las protestas.
Las movilizaciones son menos multitudinarias que los últimos meses, pero mantienen su convocatoria, sobre todo los viernes. Además, todavía se registran incidentes violentos en Plaza Italia, epicentro de las manifestaciones en el centro de Santiago, proclamada por los manifestantes como Plaza de la Dignidad.
Según la encuesta, el 76% de los encuestados cree que la crisis que está viviendo el país es principalmente la expresión de un descontento social generalizado y solo el 17% piensa que es un problema de orden público y de grupos violentos organizados.
Chile atraviesa desde el 18 de octubre la crisis más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet y desde ese momento, Piñera sufrió una histórica caída en la confianza de los chilenos. Las principales demandas apuntan a introducir cambios en los sistemas de pensiones, educación, salud y una reforma de la Constitución, heredada de la dictadura pinochetista.
Para intentar resolver estos reclamos, se llegó a un acuerdo político en noviembre para que se realice el 26 de abril un plebiscito para decidir si se cambia o no la Constitución, percibida como la madre de las desigualdades que reclama la ciudadanía. (La Nación)
