Por: Iván Ruiz
La revancha judicial de Cristóbal López ya da sus primeros pasos en los tribunales de Comodoro Py. El empresario y su socio Fabián de Sousa habían denunciado a Mauricio Macri y a un grupo de exfuncionarios por haberlos presionado para vender el Grupo Indalo a distintos empresarios que serían -según la denuncia- cercanos al gobierno saliente.
La acusación de los empresarios agregó, además, que López y su socio Federico de Achával habrían sido hostigados para pagar más impuestos por la explotación de juegos del azar en el Hipódromo de Palermo y el Casino de Puerto Madero. Durante las primeras testimoniales tomadas por la jueza federal María Servini, los implicados señalaron al entonces asesor presidencial Fabián “Pepín” Rodríguez Simón como el funcionario macrista que se reunió con ellos en distintas ocasiones para expresarles la necesidad de pagar más impuestos.
La jueza María Servini pidió el viernes, en base a esas declaraciones, que la empresa Movistar le entregue un listado con todas las llamadas telefónicas entrantes y salientes del teléfono de Rodríguez Simón desde enero de 2016 hasta agosto de 2019. Los empresarios aseguraron que dichas reuniones se usaron, además, para torcer la línea editorial del canal C5N, crítico del gobierno de Macri. “La medida tendrá como objeto verificar con qué personas se habría comunicado de manera previa y luego de las reuniones antes señaladas”, indicó la jueza.
Ante la consulta de LA NACION, Rodríguez Simón dijo: “Tuve distintas reuniones con Cristóbal López, de Achával y [Ricardo] Benedicto por el pago de la deuda por Ingresos Brutos que tenían [por juegos del azar] con la ciudad. Nunca les hablé de la línea editorial de C5N, ni de [Fabián] De Sousa ni de Oil Combustibles. Es falso que les pedí que no pasaran un informe mío en C5N”.
En la causa ya fueron imputados Macri y hombres de su confianza, como José Torello, Nicolás “Nicky” Caputo, Rodríguez Simón, Mario Quintana, el exministro de Energía Javier Iguacel, los extitulares de la AFIP Alberto Abad y Leandro Cuccioli, así como los empresarios Ignacio Rosner y Orlando Terranova.
López y De Sousa aseguran que los funcionarios macristas intentaron “ahogar” financieramente al Grupo Indalo para “derrumbar” sus empresas con el propósito de forzar una venta “a precio vil”. En ese plan -sostienen- el macrismo acercó a dos grupos de empresarios para comprar los medios de comunicación. Parte del ahogo financiero incluía -remarcan- el pago de más impuestos por la explotación de los tragamonedas.
Los empresarios relataron tres reuniones. La primera, en enero 2016, de la que habrían participado Cristóbal López, su socio de Achával y Rodríguez Simón. “En esas reuniones, se habría manifestado la decisión de Macri de que las empresas aludidas abonaran mayores impuestos, caso contrario se les rescindirían los contratos de concesión”, sostienen los denunciantes. La segunda reunión -agregaron- habría ocurrido en junio de 2016 en la Casa Rosada entre de Achával, Rodríguez Simón y el funcionario Quintana “con el fin de avalar el accionar” de “Pepín”.
Macri hizo efectivo ese mes la transferencia del juego del azar en la ciudad de Buenos Aires al gobierno porteño. En ese momento, ya se le reclamaba a Cristóbal López tanto por el Hipódromo como por el Casino de Puerto Madero una deuda de $4000 millones por impuestos impagos.
La última reunión habría ocurrido en agosto de 2019. Benedicto, socio de Cristóbal López en los juegos del azar, declaró ante la jueza que fue invitado por Rodríguez Simón a su domicilio y que, antes de comenzar la reunión, le adelantó que hablaba en nombre de Macri y lo cuestionó por haber realizado dicha denuncia judicial dándole “a entender que de acuerdo a cómo se profundizara la investigación podría repercutirle en las empresas”.
La denuncia fue realizada por Cristóbal López y su entorno mientras estaba detenido en una causa que investiga una presunta defraudación al Estado por una deuda de $8000 millones correspondientes al impuesto al combustible durante el gobierno de Cristina Kirchner, flujo financiero que le permitió comprar distintos medios de comunicación, como el canal de televisión C5N, entre otros. (La Nación)
