Por: Víctor García
Primero fue la aprobación del retiro anticipado del 10% de los fondos de pensiones, y ahora un gravamen al patrimonio de las grandes fortunas el que vuelve a encender el clima político en Chile.
Un nuevo proyecto de reforma constitucional, conocido como “impuesto a los súper ricos”, inició su discusión legislativa en el Congreso, cuando todavía permanece fresca la derrota del gobierno de Sebastián Piñera en el tema de los ahorros previsionales.
La iniciativa propone la creación, por una sola vez, de un impuesto especial del 2,5% para los patrimonios igual o superiores a los 22 millones de dólares. Según el texto del proyecto, la medida incluiría a personas naturales con domicilio en Chile, y que tengan bienes y derechos declarados al 31 de diciembre de 2019, ya sea en el país o en el extranjero. Los primeros cálculos estiman en cerca de 1900 individuos los considerados en el gravamen.
Para los legisladores que levantaron la moción en el Parlamento, los recursos permitirían recaudar entre 6000 y 6500 millones de dólares y así financiar una renta de emergencia, destinada para atenuar los graves efectos económicos de la pandemia de coronavirus. Además, el beneficio significaría un aporte de casi 475 dólares para familias integradaspor tres personas y llegaría al 80% de los hogares más vulnerables, por 3 meses.
“Creo que esto es un acto de justicia, sobre todo cuando existe una ausencia tan brutal del Gobierno respecto de las necesidades cotidianas de las familias que están pasándolo mal, las familias más pobres, las familias de clase media, aquellas que tuvieron un cambio de situación en sus respectivas condiciones económicas”, dijo Karol Cariola, diputada del Partido Comunista, y una de las impulsoras de la iniciativa que se encuentra en la comisión de Constitución.
“Según la estadística que maneja el banco empresarial Credit Suisse al año 2019, el 0,1% de la población adulta más rica de Chile concentra el 34% de la riqueza privada total neta, vale decir, aproximadamente 264.000 millones de dólares, mientras que el 0,01% concentra el 25% de la riqueza privada. Este último grupo tiene fortunas desde los 20 millones de dólares”, añadió Daniel Núñez, diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara baja.
El proyecto, sin embargo, no ha conseguido el respaldo en bloque de la oposición como sí ocurrió con el retiro del 10% de los fondos de pensión. Algunos parlamentarios han solicitado priorizar el fin de las exenciones tributarias pero los principales partidos de la Nueva Mayoría, anunciaron que “estudiarían” la propuesta.
Desde el mundo académico también surgieron dudas ante la reforma. Gonzalo Polanco, director del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, indicó que los activos ocultables y el traslado de riquezas a otros lugares terminan siendo una práctica común ante esta medida.
“Lamentablemente la experiencia comparada ha sido más bien frustrante. Los países que han establecido este tipo de impuestos se han visto en alguna medida exceptuados y en general no recolectan más del 1 por ciento del PIB, de hecho, las cifras están bastante más bajas. Y es por eso que los países en alguna medida – muchos que lo establecieron en la década de los 90 y en el 2000 – los han empezado a retirar”, comentó Polanco a Radio Cooperativa.
Desde La Moneda, en tanto, la administración de Sebastián Piñera expresó su rechazo de la iniciativa y también a los procedimientos para instalar el trámite legislativo.
“El Gobierno no está de acuerdo en ese proyecto ni en la forma ni en el fondo (.) En el fondo la política fiscal y recaudatoria radica en el Ejecutivo y tiene que ser hecha de manera planificada. Por lo mismo no es estar en contra o favor de recaudar impuestos, sino que tiene que hacerse desde el Ejecutivo”, señaló Cristián Monckeberg, ministro Secretario General de la Presidencia, en declaraciones a Radio Duna.
“Propone una solución simplista a un problema que es complejo”, agregó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. (La Nación)
